El Ministerio Público cambió su posición respecto a la imputación formal inicial presentada contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, por el cual, hizo que reciba medidas sustitutivas en audiencia cautelar y ahora pidió la detención domiciliaria para el burgomaestre, investigado por una presunta designación ilegal en 2020, cuando era ministro de Obras Públicas.
La Fiscalía imputó al Alcalde por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y designaciones ilegales, y en un inicio solo pedía las medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En audiencia cautelar llevada a cabo hoy, la jueza Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, dio curso a esa petición y dispuso el arraigo para Arias, pago de fianza de Bs 30 mil, prohibición de acercarse al Ministerio de Obras Públicas y a personas vinculadas en el caso, además de presentarse cada 15 días a la Fiscalía.
Sin embargo, el fiscal Johan Muñoz informó que en esa audiencia también se solicitó la detención domiciliaria para el alcalde, pero la jueza no dio curso porque la petición no figuraba en la imputación.
“Nosotros hemos solicitado esas medidas en una primera instancia, pero debido a las injerencias que se han venido realizando, ustedes son vivos testigos, de que se han formado mítines dentro y fuera de la Fiscalía y hasta se ha llegado a romper algunos vidrios en el piso cuarto, en referencia a estas personas, el Ministerio Público ha solicitado también la aplicación de una detención domiciliaria”, señaló el fiscal.
Muñoz dijo que la Fiscalía apeló la decisión judicial y aguarda que en una próxima audiencia en una Sala Penal de La Paz se defina si corresponde la detención domiciliaria de Arias.
El fiscal explicó que la aplicación del arraigo y otras medidas cautelares contra un imputado es para evitar que salga de territorio boliviano o se dé a la fuga.
El alcalde Arias lamentó esta situación y considera que los fiscales, en vez de apegarse a las leyes, más “parecen voceros del partido de Gobierno”. Anunció a Red Uno que también apelará la decisión judicial.
La autoridad edil señaló que se busca amarrarlo de las manos con el arraigo, recordó que continúa la pandemia y se requiere buscar proveedores de vacunas fuera del país.
Al respecto, el fiscal refirió que el Alcalde tiene que pedir permiso a la jueza y justificar que es esencial su salida del país para la compra de vacunas.
Iván Arias es investigado por la presunta designación ilegal de un ciudadano como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones, cuando era Ministro de Obras Públicas en la gestión de Jeanine Añez.
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