Luego de conocer la investigación del FBI por un caso de corrupción en Estados Unidos por la compra de material antimotín en 2019, el Gobierno anunció la ampliación de la investigación que implica al exministro de Gobierno, Arturo Murillo y del exministro de Defensa Luis Fernando López, prófugos de la justicia.
En esta nueva fase de indagación, que será planteado por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se buscará establecer “los nexos del aparato de represión y corrupción organizado” por ambas exautoridades del gobierno de Jeanine Añez, señala un comunicado del Ministerio de Justicia y Transparencia.
El exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en Estados Unidos como parte de una investigación por el delito de conspiración de lavado de dinero.
Dentro del mismo proceso se encuentran Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, parte de la intermediación de la compra del material antimotín y Philip Lichtenfeld, en la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.
En la investigación de Estados Unidos, según el Ministerio de Justicia, se nombra en 16 ocasiones al Ministerio de Defensa cuyo titular era Luis Fernando López Julio en 2020.
“Esta cartera de Estado usará todos los recursos que la ley le otorga para impulsar los procesos penales por este y otros casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos perpetrados en el régimen de Añez”, añade el comunicado.
La investigación de la Fiscalía comenzó en junio del pasado año a denuncia de un grupo de siete legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los delitos que se investigan incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, entre los principales.
En el proceso que se indaga, el Gobierno de Jeanine Añez pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor.
En la denuncia de la Fiscalía se señala que se habría pagado Bs 270 por cada unidad de larga distancia y Bs 250 por unidad de triple acción. En cada caso, se demandó la dotación de 50.000 unidades. Luego de conocerse este caso, el entonces ministro de Defensa, Fernando López, descartó cualquier irregularidad.
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