Los senadores Rubén Martínez (MAS) y Andrea Barrientos (CC) identificaron que existen “cuellos de botella” que perjudican y generan retardación en la etapa preparatoria de la investigación y en el juicio de los casos de feminicidio. Además de una falta de voluntad política para generar mejores condiciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Las mujeres que sufren violencia y las víctimas de feminicidio se enfrentan a una justicia corrupta, carente de imparcialidad, que no tienen recursos humanos especializados, ni recursos económicos y materiales suficientes. En resumen, un “aparato que es un complot” para las victimas de feminicidios”, advierten los legisladores.

La comisión Especial Mixta de Investigación Sobre Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio llevó adelante un encuentro Territorial en La Paz, un espacio con las instituciones públicas, organizaciones sociales y familiares de víctimas de feminicidio, similar evento se realizará en otras ciudades del país.

La senadora Barrientos tras el evento dijo que uno de los problemas es la retardación de justicia que se produce en dos instancias, en la fase de apelación y producto de la Ley 1173 de Abreviación procesal penal y fortalecimiento de la lucha contra la violencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, porque “ampara para que los acusados no se presenten a las audiencias”.

Por su parte, Gutiérrez señaló que otro grave problema es que no exista institutos de investigación forense en los nueve departamentos y que solo haya en La Paz y Cochabamba, mientras que en Santa Cruz funciona en una infraestructura en comodato.

“El mayor cuello de botella está en la fase preparatoria e investigación. Hemos identificado otro factor, en los nueve departamentos solo en dos hay Instituto de Investigación Forense”, sostuvo.

Precisó que esto provoca que el resto de los departamentos envíen sus pruebas de laboratorio a La Paz, generando congestionamiento y mora procesal.

“Los laboratorios son enviados a estos IDIF, ahí se rompe la cadena de custodia, esas muestras y evidencias se pierden, deterioran y no cumplen con el procedimiento de que deben ser ágiles, si de tres o cinco meses está retornando los resultados a los departamentos de origen, entonces hay retardación por este tema”, afirmó.

La legisladora de Comunidad Ciudadana también apuntó a la necesidad de una “reforma judicial”, porque el país requiere una justicia “imparcial y oportuna” criterio con los que en la actualidad no se cuentan; contrariamente se tiene “jueces y fiscales corruptos. Tenemos todo un aparato que es un complot para las víctimas de feminicidios y violencia”, protestó.

Lamentó que el sistema siga incurriendo en la revictimización, a esto se suma que no hay jueces, fiscales, policías con especialidad de atención a personas víctimas de violencia intrafamiliar y feminicidios, cree que es importante trabajar con enfoque de género, para asumir la problemática en su verdadera dimensión.

La Fiscalía informó esta semana que en el país se registraron 16.930 casos de violencia inmersos en la Ley Nº 348, entre el 1 de enero y 16 de mayo. De estos 16.930 casos de violencia, 6.455 se reportaron en el departamento de Santa Cruz, seguido de La Paz con 3.178, Cochabamba 2.500, Tarija 1.495, Potosí 1.202, Chuquisaca 885, Beni 595, Oruro 475 y Pando 147.

Mientras que se registraron 47 feminicidios y 11 infanticidios, del 01 de enero al 18 de mayo del presente año. Los últimos tres casos de feminicidio se reportaron en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

Por este escenario, Barrientos manifestó que se requiere voluntad política para declarar “emergencia nacional”, aunque esta figura no está prevista en la Ley 348, por esa razón Comunidad Ciudadana trabaja en un proyecto de ley con este objetivo.

“Comunidad Ciudadana planteará una ley para declarar emergencia nacional en casos de feminicidios e infanticidios y en escalada de violencia de género", manifestó, al señalar que actualmente la lucha contra la violencia "no es una prioridad" para ninguno de los niveles de gobierno.

Criticó que la norma de lucha contra la violencia contemple la declaratoria de “alerta”, pero que lamentablemente el procedimiento está altamente burocrátizado.

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