La Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) un informe denominado “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019” en el que la Iglesia Católica está señalada como la que “organizó” el supuesto “golpe de Estado”, después de la renuncia de Evo Morales de 2019, informa Brújula Digital.
El documento, divulgado el sábado, fue remitido a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, que en su párrafo 33 presenta “puntualizaciones que permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia católica”.
En el reporte ratifica la “narrativa” del “golpe de Estado” para explicar las responsabilidades del gobierno transitorio en la crisis política de 2019.
El Alto Comisionado ya divulgó un reporte con la información que recogió una misión especial que estuvo en el país, sin los descargos del gobierno anterior, según señala el documento de la Procuraduría en sus párrafos siete, ocho y nueve.
La Procuraduría dice que hubo una ruptura constitucional. “A raíz de los conflictos post electorales del 2019, Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional, como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejecutando violencia extrema vulneraron los derechos humanos de la población”, señala la principal conclusión del informe enviado a Ginebra.
En marzo 2021, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) publicó un informe denominado “La falsedad genera injusticia”, en el que recuerda que los días 11 y 12 de noviembre de 2019 convocó al diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España para pacificar el país y buscar gobernabilidad. Precisa que fue después de la renuncia de Evo Morales y el vacío de poder dejado en cascada por el Ejecutivo y Legislativo de entonces.
“El objetivo de aquel encuentro era buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad, mediante el diálogo, ante el vacío de poder y la violencia en las calles, creados por la renuncia del expresidente Evo Morales y las demás autoridades del MAS (Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda), en toda la línea de sucesión constitucional, sucedida el 10 de noviembre”, señala el informe de la CEB.
El procurador general, Wilfredo Chávez, exabogado personal de Evo Morales, explicó el 30 de abril que el informe enviado a Bachelet contiene supuestas pruebas sobre la ruptura constitucional de 2019 y pidió a los líderes políticos aportar en el esclarecimiento de esos hechos. “Digan la verdad; nosotros estamos demostrando con documentos, con papeles y precedentes constitucionales”, remarcó entonces.
El presidente Luis Arce visitó el 26 de marzo de 2021 a su par mexicano Manuel Andrés López Obrador, entonces anunció el inicio de una campaña internacional para exponer los hechos, desde su punto de vista, sobre la crisis política que afectó a Bolivia en 2019.
El 15 de marzo, a denuncia del gobernante MAS, la expresidenta Jeanine Añez fue encarcelada y acusada por sedición, conspiración y terrorismo, delitos que hubiera cometido cuando asumió el mando del país en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y en medio de un vacío de poder.
El informe de la Procuraduría indica del juicio ordinario contra Añez y en su calidad de exsenadora y no así en su calidad de expresidenta. La expresidenta está presa y se omitió el caso de corte en su caso o juicio de responsabilidades que no procedió porque el MAS no tiene dos tercios en el Legislativo.
“El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de investigar las vulneraciones de derechos humanos”, señala el reporte de la Procuraduría que, además, señala —en atención al pedido de la ONU— que hay “las coordinaciones” para una “reparación” a las víctimas de las “masacres de Senkata y Sacaba”.
El expresidente Carlos Mesa, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2019, afirmó el sábado que el gobierno del Movimiento Al Socialismo “sólo produjo persecución política, violación de los Derechos Humanos, ineficiencia, impunidad, cuoteo y poca transparencia”, en los primeros seis meses de gestión de Luis Arce.
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