
En el reporte sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, que presentó el Gobierno a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido en el país.
La Procuraduría General del Estado se encargó de enviar el legajo documental a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020 por el organismos internacional, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El primer hecho que no menciona el informe es la causa y quién ordenó la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que estaba usando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los resultados oficiales de la jornada de votación del 20 de octubre.
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