En su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de la Prensa, se refirió al caso Bolivia, considerando los riesgos de medios de comunicación y periodistas en la cobertura informativa.
Entre sus resoluciones está el pedido al "gobierno a la preservación y defensa de los principios constitucionales que protegen el trabajo de periodistas, editores y directores de medios de información, y pide contribuir a evitar campañas de descrédito y estigmatización del trabajo informativo".
RESOLUCIONES:
Exhortar al gobierno a la preservación y defensa de los principios constitucionales que protegen el trabajo de periodistas, editores y directores de medios de información, y pide contribuir a evitar campañas de descrédito y estigmatización del trabajo informativo
Solicitar al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía actuar en cumplimiento de sus funciones y abrir investigaciones dirigidas a identificar a funcionarios y personas responsables de ataques violentos contra reporteros que realizan la cobertura informativa de conflictos.
CASO BOLIVIA
Rasgos de preocupante violencia en agresiones a periodistas y actitud pasiva de autoridades encargadas de preservar la justicia y el respeto a la libertad de prensa marcan este periodo.
El gobierno estuvo enfocado en instalar una campaña orientada a mostrar que en el país hubo un golpe de Estado, durante los días de rebeldía popular que rechazó el fraude en las elecciones generales de octubre de 2019, y terminó con la renuncia del presidente Evo Morales.
Los periodistas y medios independientes que reeditaron y documentaron los incidentes registrados entre octubre y noviembre, sufren ataques verbales y hostigamiento a través de medios estatales y de medios afines al gobierno, descalificando su trabajo periodístico que cumple el rigor profesional.
También son atacados por seguidores del partido gobernante a través de cuentas anónimas en redes sociales y desde las que se lanzan acusaciones sin fundamento.
En medio de la pandemia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a diarios, pidió respetar el derecho a la información con medidas de bioseguridad. Abogó por la salud de los periodistas, personal de centros hospitalarios y de la seguridad pública.
Un conflicto entre productores de la hoja de coca de la zona de los Yungas del departamento de La Paz, derivó en hechos de violencia y afectó a reporteros de radio y televisión.
El 7 de enero de 2021, equipos de prensa de canales de televisión que cubrían los enfrentamientos entre dos bandos, fueron atacados con explosiones de dinamita, aunque no se reportaron daños personales.
Otro reportero, Franklin Guzmán, de radioemisoras de los Yungas, fue detenido el 30 de marzo por conductores de transporte de pasajeros, atado a un palo y despojado de su teléfono móvil.
El 5 de abril el periodista Cristian David Canacana denunció que un policía antimotines le disparó al rostro un proyectil de gas lacrimógeno que le provocó una herida en el labio superior. El hecho se registró en medio de protestas de los productores de hojas de coca. El gobierno no emitió ningún pronunciamiento frente a estas denuncias.
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