Una magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), correspondiente a Beni, ha quedado en el limbo, después de que una Sala Constitucional revocó el mandato de Carlos Alberto Egüez tras advertir irregularidades en su elección realizada hace tres años. El Gobierno anunció que respeta la decisión, pero espera que el Tribunal Constitucional se manifieste al respecto, mientras que el TSJ rechazó el fallo.
El pasado viernes la Sala Constitucional I de Beni determinó revocar la credencial de Egüez y ordenó que se posesione a Mariana Montenegro (que quedó segunda en las elecciones judiciales de 2017) en el cargo de magistrada, debido a una Acción Popular que refería irregularidades en los comicios.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el argumento de la decisión consiste en que hubo fraude electoral en las elecciones judiciales de hace tres años.
El caso ya había sido denunciado por Mariana Montenegro en varias ocasiones, después de que perdió la elección por un estrecho margen. Entre las denuncias al respecto, también una notaria había referido que había sido interceptada por un grupo de personas para modificar las actas a favor de Egüez.
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