En 11 meses, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez fue manchado con al menos 24 casos de corrupción e irregularidades denunciadas, unas por el mismo Gobierno y otras por el Movimiento Al Socialismo (MAS), casos como la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, irregularidades en YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otras. El diputado Amílcar Barral y el analista Eusebio Vera consideran que estos hechos tuvieron un costo político negativo para quien fue la candidata a la Presidencia por la alianza Juntos.
Áñez subió al poder con la premisa de pacificar el país e impulsar los comicios electorales para elegir a un nuevo mandatario, luego que la crisis social por causa del denominado fraude electoral derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019.
Tras una relativa calma en el país, en los primeros meses del gobierno de Áñez (diciembre a marzo) salieron las pugnas internas marcadas sobre todo por presiones, injerencia y despidos; a ello se suma, que el MAS denunció nepotismo por la designación de la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Bolivia en Miami (EEUU); también el Gobierno develó cobros ilegales y ventas de cargos al interior de los ministerios de Educación, Comunicación y Culturas con el fin de cortar esos actos.
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