El Ministerio de Educación, Deportes y Culturas presentará “un recurso de complementación, aclaración y enmienda”, luego de que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, resolviera dejar sin efecto la Resolución Ministerial 050/2020; el Gobierno ve un trasfondo político y vinculó al vocal Israel Campero con el Movimiento Al Socialismo (MAS).  

La cartera de Estado apunta mediante un comunicado que la resolución tiene “serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad”, razón por la que presentará el recurso complementario.

Asimismo, señala que esta decisión todavía debe ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que para el Gobierno tiene un trasfondo político porque Campero, el vocal que emitió la resolución, tiene lazos con el MAS.

“El vocal presidente quien emitió la resolución 105/20202 fue designado en varios cargos por Héctor Arce Zaconeta, hombre fuerte del MAS, como subprocurador, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Además también fue asesor constitucional de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional dirigida por Álvaro García Linera. Por otra parte, se observó la presencia, en calidad de tercer interesado del Abog. José Antonio Eguino, ex director jurídico del ministro Roberto Aguilar, fungiendo como abogado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, conocida por su afinidad al MAS”, reza parte del comunicado.

Con ello, Educación señala que se trata de una acción planificada por operadores afines al MAS que, en su criterio, “busca dañar y socavar” la gestión educativa y poner en riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia.

Este miércoles, la Sala Constitucional Primera de La Paz dejó sin efecto la Resolución Ministerial 050/2020 que determina la clausura del año escolar, a decisión del Gobierno, por considerar que se vulnera un derecho de los niños y jóvenes. En un periodo de diez días el Gobierno debe presentar una política integral para garantizar el derecho a la educación.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz admitió el martes, la acción popular presentada por la diputada Lidia Patty (MAS), en contra del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar, el pasado 2 de agosto.

Entonces, el Gobierno argumentó que no todos los estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes ni con la cobertura de internet para acceder a clases online, pero también se descartó el retorno a las aulas por el temor a más contagios de coronavirus.

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