Tras el bloqueo de caminos de 12 días que concluyó la semana pasada, el expresidente Evo Morales, el binomio presidencial del MAS y dirigentes sindicales afines a ese partido político deberán enfrentar juicios penales, entre ellos por delitos de lesa humanidad, promovidos por el Gobierno y al menos tres sectores. Dos demandas ya fueron formalizadas ante la Fiscalía, mientras una bancada del MAS dividida impulsa una ley para evitar esos procesos.

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron entre el 3 y 14 de agosto un bloqueo de caminos para rechazar la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, una decisión que, a pesar de esa movilización, fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejarlo del pico que alcanzará la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país. La protesta que duró 12 días, según informes extraoficiales del Gobierno, causó la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías. Además, las pérdidas económicas que dejó sobrepasan los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

A raíz de esas acciones, el Gobierno, cívicos de Oruro, el transporte pesado y médicos de La Paz anunciaron procesos penales en contra de Morales, los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca, y los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Segundina Flores, entre otros.

El Órgano Ejecutivo, a través de los representantes de los ministerios de Gobierno y Justicia interpuso el 5 de agosto la primera demanda en contra de 12 personas, entre ellas Morales, Arce, Choquehuanca, Huarachi y Gutiérrez, a quienes acusó de cometer los delitos de terrorismo, genocidio y atentar contra la salud pública. “Se van a expedir citaciones en el transcurso de estos días” contra los acusados, dijo el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, el 10 de agosto, pero hasta este martes, después de 8 días, no se supo de ninguna convocatoria a los sindicados.

La actitud del Ministerio Público fue cuestionada por el Gobierno, debido a que no hay celeridad en la investigación de este caso. Por esta situación, reportó El Deber, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, dijo este martes que incluso se analiza la posibilidad de procesar por incumplimiento de deberes al fiscal General Juan Lanchipa —autoridad que fue designada en el cargo por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS —, debido a que no cumplió con su trabajo para sancionar los delitos cometidos en el bloqueo de caminos.

Otra denuncia que fue presentada es la promovida por el Comité Cívico de Oruro, institución que interpuso la querella ante la Fiscalía el 17 de agosto. Los acusados son Morales y dirigentes sindicales por los delitos de atentado contra la salud pública, destrucción y deterioro de los bienes del Estado, instigación pública a delinquir y otros tipos penales cometidos en el bloqueo de caminos.

“Producto de estos bloqueos se han perdido cinco valiosas vidas de personas que eran afiliadas a las cajas”, dijo la representante de una de las plataformas ciudadanas orureñas, Rosario Sandalio, quien exigió al Ministerio Público que investigue esas muertes y establezca las responsabilidades respectivas para pedir una sanción.

Con esa misma intención, los médicos de La Paz anunciaron que presentarán una querella en contra de los autores del bloqueo. Fernando Romero, su representante, afirmó que “el código de salud del sector público de La Paz claramente establece que, si uno es testigo de que por razones de irresponsabilidad o restringir algún tipo de ayuda fallece un paciente o tiene complicaciones severas, tenemos la obligación, como profesionales, de denunciar (el hecho ante la justicia)”.

Pero hay todavía hay otra demanda anunciada. El 10 de agosto, Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), informó que este sector inició el análisis para presentar una denuncia en contra de los responsables del bloqueo de caminos porque, con esa movilización, se cometieron delitos de lesa humanidad, ya que los choferes, atrapados en diferentes carreteras del país, se encontraron prácticamente “secuestrados” porque se les impidió incluso comprar agua, alimentos y medicamentos para su subsistencia, una situación que no se da ni en tiempos de guerra.

A esos juicios penales se sumará otro, pero esta vez en materia civil, ya que el Ministerio de Obras Públicas pedirá el resarcimiento de Bs 10,2 millones de pérdidas que dejó el bloqueo de caminos por el destrozo de vías y casetas de cobro de peajes, además de la paralización de sus labores. Las personas que deberán pagar ese monto son los responsables de los bloqueos.

Ante las demandas anunciadas por el bloqueo, la jefa de bancada del MAS, la diputada Betty Yañíquez, presentó el lunes el proyecto “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social" de dirigentes sindicales, líderes sociales y toda persona movilizada en agosto en defensa de la vida, democracia y la educación. Esta norma busca que no haya una “persecución” en contra de representantes sindicalistas que promovieron el bloqueo de caminos.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y el asambleísta Henry Cabrera (MAS), cuestionaron ese proyecto de norma. Cabrera aseveró que el documento no tiene consenso dentro de la bancada masista.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.