Los familiares de las víctimas de Octubre de 2003 expresaron este martes su esperanza de que puedan conseguir que se haga justicia por la muerte de sus seres queridos, luego de conocer que, el lunes, una corte de apelaciones de Estados Unidos (EEUU) anuló el fallo que absolvió de cargos, en 2018, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Juan Patricio Quispe Mamani, presidente de la Asociación de familiares caídos por la defensa del gas, señaló que la determinación de la Justicia estadounidense les “anima a continuar con la búsqueda de justicia”, para lograr que los responsables de la “masacre de octubre” reciban una sanción judicial.

En octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada era presidente y Sánchez Berzaín era ministro de Defensa, se registró una revuelta popular para rechazar la exportación de gas natural por Chile, lo que se llegó a denominar la “Guerra por el gas”. Durante las movilizaciones se registraron 58 muertos civiles, en hechos violentos en los que actuaron militares que utilizaron armas de guerra.

Por esos hechos, un grupo de víctimas inició un juicio civil en EEUU en contra de los dos exgobernantes. En abril de 2018, después de un juicio de un mes de duración que incluyó seis días de deliberaciones, un jurado encontró a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín responsables de las muertes de 58 personas durante las protestas de 2003. Se los acusó mediante la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA) y otorgó a los demandantes 10 millones de dólares en daños y perjuicios.

Sin embargo, en una decisión poco usual, un mes más tarde el juez revirtió la decisión y anuló el veredicto del jurado, para dictar su propio fallo, declarando a los acusados inocentes.

Ante esa decisión, en noviembre del año pasado, dos de los afectados, cuya hija murió por efecto de los disparos de soldados en la masacre, viajaron a Miami para apelar al fallo. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que los demandantes tienen derecho a un nuevo juicio porque la corte original había abusado de sus atribuciones al admitir pruebas que eran favorables a los acusados.

Quispe explicó que el juez James Cohn, quien dictó su veredicto en 2018 a favor de los dos gobernantes procesados, incluyó pruebas a favor de ambos en un tiempo en el que no correspondía, entre ellos informes de forenses y expertos que señalaban que las balas que acabaron la vida de las víctimas no correspondían en trayectoria a las armas de los soldados.

Además, agregó Quispe, el juez no aceptó las pruebas en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pese a que había registro de los muertos y también de la orden que fue dictada por ambos, a través del Decreto Supremo 27209. “O sea se habría parcializado el juez Cohn en ese tiempo”, advirtió.

Una vez conocido el fallo, Quispe anunció que se reunirá con el abogado Thomas Becker para definir la estrategia jurídica que se seguirá en adelante. Indicó que aún desconoce a qué fase del juicio se llegará, aunque indicó que se prevé que se reanude el juicio oral en contra de los dos exgobernantes.

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