El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denunció a dos personas por uso de instrumento falsificado ante el Ministerio Público que pretendían utilizar una sentencia falsa como documento oficial para un trámite en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Asimismo, un funcionario fue desvinculado de la institución por la venta de una sentencia; esta persona, una vez destituida, seguía ofreciendo cargos y fue sorprendida recibiendo dinero de una de sus víctimas que le pagó por una fuente laboral en el área de Comunicación.

CASOS

El asesor legal del TCP, Oswaldo Silva, alertó que dos personas, un ciudadano particular y su abogada, intentaron engañar a la CUB con una sentencia falsa indicando que era de cumplimiento obligatorio. Este fallo falso, signado con el número 910/2026, de mayo de este año no existe, porque revisado el sistema de gestión procesal, se trataría del expediente 66129 que se encuentra en la Comisión de Admisión a la espera del sorteo para ser asignado a un magistrado relator que elaborará el proyecto de sentencia.

“Este proceso no está concluido, y la sentencia como tal es falsa porque prácticamente nunca ha nacido a la vida jurídica. Esto se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público, se ha denunciado a las personas que presentaron esta resolución ante la Confederación Universitaria Boliviana (CUB)”, señaló Silva.

Los que utilizaron la sentencia falsa están investigados en el Ministerio Público por el tipo penal de uso de instrumento falsificado. Aún no se ha identificado al autor de la sentencia falsa que incluso llevaba los nombres de dos magistrados, pero sí se tiene a las personas que pretendían utilizarla para beneficio propio. Se trata de Walter Junior Nakashima y Ximena Patricia Aguilar Lazarte, que están siendo investigados. 

COBRO POR SENTENCIA

En otro caso, el asesor legal reveló que un funcionario que ejercía la labor de proyectista de sentencias, contratado en enero de este año, en el primer mes de trabajo, fue denunciado por contactarse con un litigante y ofrecerle una sentencia a su favor a cambio de un pago.

La víctima lo denunció ante la Unidad de Transparencia del TCP, que luego de una investigación desvinculó a este funcionario y lo denunció ante el Ministerio Público.

“Esta persona, ya estando fuera de la institución, se hacía pasar como funcionario del TCP y ofrecía cargos; pretendía vender cargos de comunicador social. A una de sus víctimas le cobró alrededor de 4.000 bolivianos y un monto aparte por un certificado de quechua”, señaló Silva.

Reveló que el exfuncionario todavía tenía la posibilidad de salir y entrar al interior del TCP y fue capturado en flagrancia cuando estaba haciendo el cobro y remitido al Ministerio Público. El juez cautelar dispuso una detención preventiva por un mes mientras continúa la investigación en la fase preparatoria de juicio.

El hombre ya había cobrado por la sentencia aproximadamente 10.000 bolivianos. Como era proyectista de sentencias sabía el sentido del fallo y negoció con su víctima incluso a nombre del magistrado, quien lo denunció tras haberse enterado.