El Gobierno envió este viernes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que dispone que las clínicas privadas están obligadas a atender a pacientes con coronavirus.
“Hemos elevado esta consulta sobre la constitucionalidad de esta ley porque no podemos seguir permitiendo de que se emanen leyes que no solo van contra la Constitución Política del Estado e implica una serie de gastos al Tesoro General de la Nación (TGN)”, informó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.
El 7 de julio, la norma fue sancionada por la Cámara de Senadores y remitida al Ejecutivo para su promulgación. La Ley de cuatro artículos, una disposición final y una disposición transitoria; establece que los establecimientos médicos en todos sus niveles “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público” a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por coronavirus Covid – 19 acorde a los protocolos de bioseguridad.
La norma aprobada por el Legislativo, controlado por el MAS, establece como fuentes de financiamiento para la atención gratuita de los pacientes de Covid – 19, los recursos establecidos en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, los créditos y donaciones externas e internas.
Sobre el particular Delgado sostuvo que en la norma “se menciona que los fondos vendrán de créditos y donaciones externas, pero conocemos del bloqueo de financiamientos en el Legislativo”, desde abril por un monto superior a los 1.500 millones de dólares.
La ley indica que el nivel central del Estado podrá compensar o reembolsar los costos de la atención con la dotación de medicamentos, insumos y/o equipos para el tratamiento, mientras que las clínicas privadas tienen la obligación de dar a conocer la evolución de los pacientes que sean referidos.
Sobre la gratuidad de pacientes con Covid-19 en clínicas privadas, afirmó que “este proyecto tiene contradicciones de forma y fondo. Esto nos muestra la ignorancia en el manejo de las leyes y la Constitución Política del Estado”.
Delgado afirmó que “el proyecto no fue consultado al Ejecutivo y propone una ley que tiene varias contradicciones” pues “según la Constitución, todo proyecto de ley que involucre gastos para el Estado, y que no fue iniciativa del Ejecutivo, debe ser consultado”.
Por las consideraciones mencionadas, dijo Delgado, “elevamos esta consulta ante el TCP, sobre este proyecto, porque no podemos permitir que vaya en contra de la Constitución”.
El viceministro de Salud afirmó que “el Gobierno está haciendo una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley para garantizar la atención y tratamiento por parte del sector privado”.
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