El senador Edwin Rodríguez afirmó este domingo que solo el Ejecutivo se opone a  la devolución parcial de aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (APFs) que puede salvar a la gente en este momento de aguda crisis económica por el masivo desempleo.

Explicó que durante casi dos meses, el  Ejecutivo perjudicó el tratamiento del proyecto de ley en el Senado porque el Ministerio de Economía tardó ese tiempo para decir “no estoy de acuerdo con el proyecto de ley, contradictoriamente a su discurso de querer ayudar a la gente”. La otra oficina que hasta ahora no respondió a la consulta técnica, es el Ministerio de Trabajo.

Rodríguez cree que hay un marcado interés del gobierno por defender a la banca privada que en su criterio es la única que usufructúa con el dinero de los aportantes, porque paga un interés bajísimo del 3% anual y gana mucho en préstamos que otorga incluso a los mismos trabajadores.

Estima que la próxima semana podría ser considerado el proyecto de ley en la Comisión de Política Social del Senado, una vez que su titular Edwin Rivero retome sus funciones tras evolucionar favorablemente de la enfermedad de coronavirus.

Sostuvo que ha conversado con sus colegas miembros de la Comisión y otros asambleístas, y observa que hay mucha aquiescencia para aprobar en el Senado y una vez cumplida esta etapa considera que en la Cámara de Diputados la ley podría salir sin mayor dificultad, tomando en cuenta que se trata de un proyecto de ley excepcional.

Actualmente el denominado “Movimiento Emergencia” y otras instituciones colectan firmas en libros de adhesión ciudadana a su proyecto de ley. Esta semana se entregarían los libros al Senado acreditando personería jurídica de cada una de ellas. 

“Podemos ayudar mucho a la gente, a esa gente que está falleciendo y cuando muere, sino tiene derechohabientes, el Estado se recoge el dinero. Nos parece urgente y creo que el Legislativo, independientemente de la respuesta del Ejecutivo, tendrá que tomar una decisión en el marco de sus competencias, así como lo ha hecho con el Dióxido de Cloro”, manifestó.

Manifestó que actualmente habría cerca de 19 mil  millones de dólares, de los cuáles el 57 por ciento está en depósitos a plazo fijo en la banca privada que trabaja con ese dinero; el 40 por ciento figura en préstamos realizados a “empresas amigas” del gobierno anterior y otro tanto en bonos del Tesoro.

En todo el sistema hay más de dos millones de aportantes, de los cuales casi un millón está en calidad de despedido, es decir, no realizan aportes. Solo en los últimos meses, según datos de la Confederación Nacional de Pequeñas y Medias Empresas, se han cerrado cerca de 100 mil empresas pequeñas y medianas generando cerca de 600 mil despidos, indicó.

Afirma que su proyecto de ley propone que los que tienen hasta 100 mil bolivianos en aportes, “que es la gente más desesperada”, puedan retirar el porcentaje que ellos quieran; los que tienen 400 mil bolivianos hasta un máximo de 100 mil, y los que tengan más de 400 mil, máximo el 25%, “esto para no desequilibrar el sistema financiero”.

Admitió sin embargo que en este momento no  habría dinero líquido para la devolución, empero  si las APFs no renueven uno de los depósitos a plazo fijo podría existir liquidez, mientras se elabore una reglamentación ágil y real para efectivizar la devolución.

A manera de ejemplo dijo que por la reciente reducción en 35% del encaje legal que pagan los bancos al Banco Central de Bolivia por manejar dinero del público, se ha generado unos de 3.500 millones de bolivianos demostrando que hay dinero para la devolución de parte del Estado a los aportantes.

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