A través de un pronunciamiento que emitieron sobre la admisión de la demanda que interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Bolivia por el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) exigió a esta instancia abrir cuanto antes un proceso de “solución amistosa” entre los demandantes y el Estado, para establecer la cancelación del proyecto carretero.
“Exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar celeridad al análisis profundo de los antecedentes en torno al caso del TIPNIS y aperturar cuanto antes un proceso de solución amistosa entre los peticionarios y el Estado Plurinacional de Bolivia para que, como resultado del mismo, se establezca cuanto antes la cancelación del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS”, expresan en el pronunciamiento recabado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
Según la ONG EarthRights Internacional, el 22 de junio la CIDH comunicó de la admisión de la demanda que presentaron en mayo de 2012 la CPEMB, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Foro Boliviano de sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la violación de sus derechos territoriales en el caso del TIPNIS, en especial la represión ocurrida en Chaparina contra más de 800 indígenas en la octava marcha indígena, en septiembre de 2011.
En su pronunciamiento, al CPEMB también exigen a la CIDH que, mientras se desarrolla el periodo de debate y sustentación del caso, como segunda etapa del proceso, se dicten medidas precautorias que obliguen al Estado boliviano a asumir medidas que salvaguarden al territorio indígena.
“Dentro de este complejo proceso que busca como principal objetivo la protección del territorio y obtener justicia, las comunidades del TIPNIS, sus líderes comunales y nosotros como regional CPEMB hemos estado constantemente realizando una serie de acciones de coordinación de defensa de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por este mega proyecto que atenta violentamente con la seguridad del territorio y los derechos de la Madre Tierra”, mencionan.
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