El pasado 6 de julio, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente a Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, además, se pide su detención preventiva. La acusación se basa en la grabación difundida por el Gobierno en el que se escucha a Morales supuestamente planificar un cerco a las ciudades durante los conflictos post electorales de noviembre de 2019.

El abogado y exjuez español Baltasar Garzón, que forma parte del equipo de abogados que defienden al expresidente boliviano Evo Morales, escribió un artículo de opinión en el que, entre otros puntos, se refiere al ‘caso audio’ por lo que la Fiscalía imputo a Morales semanas atrás.

El pasado 6 de julio, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente a Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, además, se pide su detención preventiva. La acusación se basa en la grabación difundida por el Gobierno en el que se escucha a Morales supuestamente planificar un cerco a las ciudades durante los conflictos post electorales de noviembre de 2019.

Al respecto, Balatazar garzón señala que no hay ninguna prueba que demuestre que la voz que se escucha en el audio corresponda a Morales. Recuerda que una pericia realizada en Argentina señala que la voz no es del expresidente y que un estudio en Colombia “solo” dio como resultado que hay una “alta probabilidad” que la grabación corresponda a Morales.

“(…) ¿Perdón? ¿de cuánto sería la probabilidad? ¿qué entienden esos expertos por “alta” probabilidad? ¿Es, o no es, la voz de Morales, de acuerdo con los protocolos científicos? No hay más. Si de acuerdo con tales protocolos no se ha podido identificar la voz, entonces, ¿a cuento de qué viene aquello de estimar como “alta” la probabilidad? Nuevamente, una locura” (sic), señala el jurista español.

Además, asevera que, fura de la veracidad del audio o no, la mencionada grabación fue obtenida de “forma ilegal” por lo que no es una prueba legal para juzgar al expresidente boliviano.

“Por si fuera poco, hay que tener en consideración que la supuesta grabación sería ilegal, pues habría sido obtenida subrepticiamente, sin orden judicial ni consentimiento de los afectados. Es decir, se trataría de una prueba ilícita, que no es idónea para fundar una orden de detención o de extradición, ni menos una condena, claro, dentro de un Estado de Derecho y me parece que esto es lo que está fallando ahora mismo en Bolivia, el respeto al estado de derecho, cuando se acude a burdas artimañas para eliminar a opositores políticos, legítimos representantes de quienes los elijan”, señaló.

Finalmente, Baltazar Garzón también señala que la denuncia contra Morales es “torpe” puesto que aunque se pruebe que el audio es verídico, no corresponde a los delitos de sedición y terrorismo.

“La acusación es tan torpe que, aunque pudiera demostrarse que la voz de la grabación corresponde a Evo, y pudiera salvarse el obstáculo de la prueba ilegal, según la propia definición del Código Penal de Bolivia tales hechos no constituirían ni un delito terrorista ni un delito de sedición. El artículo 133 de este código, dispone: “El que formare parte, actuare al servicio o colabore de cualquier forma, con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales delitos””.

“Es el mundo al revés porque resulta que quienes han subvertido el orden constitucional y han depuesto al gobierno elegido constitucionalmente, acusan al presidente y los miembros del derrocado gobierno de incurrir en la conducta que los mismos golpistas desplegaron. Los sediciosos acusan de sedición, los terroristas acusan de terrorismo. La historia y el discurso se reproducen miméticamente como cada vez que se elimina el orden constitucional en un país. Pasó en Chile, en Argentina, en España, en Alemania, en cada uno de aquellos en los que un golpe de estado trata de justificarse y “salvarse” a costa de los verdaderos demócratas. “, añade el abogado español.

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