Bolivia entró de nuevo este viernes en el proceso electoral que había quedado en pausa por la pandemia de la COVID-19, con el 6 de septiembre como nueva fecha para ir a las unas, informó Diario Libre.
El país espera los comicios desde que anuló las elecciones de octubre pasado, que desembocaron en una grave crisis social y política que acabó bruscamente con la etapa de Evo Morales en el poder.
La votación estaba prevista el 3 de mayo, pero fue aplazada sin fecha hasta que en esta jornada el órgano electoral confirmó el 6 de septiembre.
UNAS ELECCIONES CON MASCARILLA CONTRA LA COVID-19
El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado confirmando ese día, que es el tope que fija una ley que habría presentado en el Parlamento y que la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, promulgó casi el límite del plazo y denunciando que lo hacía 'presionada'.
Áñez, candidata por la alianza Juntos, pide a otros candidatos como Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, y Carlos Mesa, de la agrupación Comunidad Ciudadana, que se responsabilicen de lo que pueda pasar por celebrar un evento de masas como una votación, pues el voto es obligatorio en Bolivia, 'en plena pandemia'.
El Gobierno interino prevé precisamente que hacia esa fecha se dé el pico de contagios por coronavirus en el país, donde los positivos van en aumento y superan los 28.500, con más de 900 fallecidos, entre sus once millones de habitantes.
Una excusa más para prorrogarse en el poder, le reprochan sus adversarios, pues tomó las riendas del país de forma transitoria con la prioridad de convocar comicios y otros como Corea del Sur en abril pudieron celebrarlos pese a la crisis sanitaria.
El Tribunal Supremo Electoral insiste en que el proceso se desarrollará con todas las medidas de bioseguridad, 'desde el envío de materiales' a partir de ahora 'hasta la jornada electoral' de septiembre.
La campaña electoral no está previsto que se retome hasta finales de julio y este órgano ya ha advertido de que no admitirá nuevas candidaturas, solo las ocho que estaban habilitadas cuando en marzo se pospusieron los comicios al declararse estado de emergencia sanitaria en el país.
Lo que sí sigue abierta es la inscripción para quienes cumplan hasta el 6 de septiembre la mayoría de edad, los 18 años, que da el derecho y el deber de votar en Bolivia.
LAS POLÉMICAS SIGUEN AUNQUE YA HAYA UNA FECHA
La confirmación de la fecha para la votación apenas generó reacciones en el país, pues desde hacía semanas era la que se barajaba tras lograr el órgano electoral un acuerdo con las principales candidaturas.
El acuerdo se plasmó en una ley que aprobó sin problemas el Parlamento, con mayoría del MAS, pero Áñez estuvo a punto de no promulgarla, en desacuerdo con ir a las urnas mientras dure la pandemia, y no la sancionó hasta la noche del pasado martes, al borde del plazo que tenía.
La mandataria transitoria no hizo alusión a la convocatoria formal de la fecha de elecciones durante un acto en la mañana hora local en La Paz, ni los principales candidatos como Arce, que iba primero en las encuestas, ni tampoco otros actores políticos como Morales, que desde Argentina ejerce de jefe de campaña del MAS.
La polémica se centra ahora en el país en cuestiones como el destino del dinero que reciben las candidaturas para su campaña, en vista de las penurias del sistema sanitario boliviano ante una crisis como esta del coronavirus.
'La salud está primero', defendió el expresidente Mesa, para que estos recursos vayan 'a combatir la pandemia', pidiendo también se destine a ello la 'propaganda de Jeanine Ánez y su gobierno y los gastos superfluos' de la Asamblea Legislativa que controla el MAS.
Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces mandatario Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y luego renunció entre denuncias de fraude a su favor.
Morales denunció que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral y obligarlo a renunciar, tras lo que Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió la Presidencia de forma interina al activar un mecanismo sucesorio ante un vacío de poder.
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