El médico Luis Vásquez Marca, que fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en un proceso plagado de vicios procesales, según la revisión de su expediente judicial, padece de coronavirus en el penal de San Roque. El galeno contrajo la enfermedad al dar atención médica a internos y policías, como siempre lo realiza de forma solidaria dentro del recinto, a falta de insuficiente personal oficial.

Con Vásquez suman dos los casos positivos de coronavirus en San Roque, además de dos custodios. Hasta el fin de semana 20 internos se encontraban aislados al considerarse sospechosos de portar el virus. El viernes falleció un adulto mayor de 80 años, Valerio Mamani, con sospechas de COVID-19.

Willy Nery Benito, representante de la Asociación de Víctimas Judiciales, confirmó la enfermedad de Vásquez, que actualmente se encuentra internado en el hospital Santa Bárbara de Sucre con diagnóstico reservado.

“El doctor ha dado positivo en los exámenes del Covid-19, él sigue internado en el hospital Santa Bárbara, esta es una información fidedigna de la familia y de nosotros que estamos en constante comunicación”, apuntó.

Vásquez permanece 7 años privado de libertad si poder hacer efectiva la revisión de su sentencia por los trámites burocráticos y hasta imposibles que presenta la administración de justicia. 

Todo el proceso judicial en su contra no respetó la presunción de inocencia, las autoridades judiciales le negaron presentar pruebas que lo eximen de culpabilidad, y en un hecho por demás controversial e inexplicable, el día de la sentencia, pese a que todos los testigos señalan como responsable a uno de sus acompañantes, los jueces lo hacen responsable a él del disparo y posterior muerte de un universitario, con la declaración de una supuesta testigo. Vásquez se declara inocente y desde entonces no ha dado pausa en su vida para buscar justicia.

“Él es un inocente preso porque el culpable del supuesto hecho ya ha sido encontrado, había sido una persona con doble entidad con antecedentes, pero a él (a Vásquez) lo han sentenciado con el falso testimonio de una chica que fue contratada, o sea fiscalía ha hecho todo para que no se les caiga el caso y cerrar el caso asegurando la condena de un inocente”, refirió Nery Benito.

También lamentó que el sistema fiscal y judicial del país no implemente las políticas para reducir el hacinamiento decretado por la presidenta Jeanine Añez con el indulto y la amnistía y así reducir los riesgos de muerte por COVID-19.

“Siguen presos con sentencia cumplida en las cárceles de Bolivia, sin que los asesores jurídicos de Régimen Penitenciario u otra instancia puedan promover la libertad de estos presos, en los que también hay inocentes, los cuales claman por su libertad”, apuntó.

Nery Benito indicó que en Tarija, departamento al que representa, hay detenidos preventivos con hasta 12 años sin sentencia. Agregó que en esa región, como en el resto del país, existen cobros que impiden que los inocentes salgan de las cárceles.

La Asociación de Víctimas Judiciales aboga por al menos 500 privados de libertad que mediante su equipo de juristas certifican la inocencia. Exigen una inmediata auditoría jurídica para todos ellos.

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