Idelfonso Mamani es uno de los ex vocales del Tribunal Supremo electoral (TSE) que guarda detención preventiva desde el 5 de diciembre acusado por una decena de delitos dentro el caso fraude electoral. Ayer quería cambiar su situación al apelar el fallo que lo mandó a la cárcel de San Pedro en La Paz, pero fracasó porque no pudo desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.
El coordinador nacional de este caso de la Procuraduría General del Estado, Fabio Joffré, informó que ayer se realizó la audiencia de apelación a la detención preventiva de Mamani que apeló la posible obstaculización de la justicia y riesgo de fuga. En el primer caso, su defensa no pudo demostrar que no tendrá contacto con los implicados. En el segundo, no pudo acreditar familia o arraigo natural.
“En su momento se le impuso la medida cautelar y legalmente tenía que demostrar que no existen esos riesgos, sus pruebas no fueron suficientes, no logró desvirtuar esos motivos por lo que fue enviado a la cárcel”, dijo el abogado y lamentó que los abogados del TSE no concurran a las audiencias que se realizan sobre este caso.
OTROS VOCALES
Entre el 12 de noviembre y el 22 de diciembre de 2019 seis ex vocales del TSE fueron enviados a distintas cárceles acusados de una decena de delitos. Todos recibieron seis meses de detención preventiva para que los fiscales avancen en las investigaciones, ese plazo ya venció y no hay más actuaciones judiciales, aunque Joffre asegura que sí se está trabajando.
La ex presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque, apeló en un par de oportunidades, antes de la declaratoria de emergencia en el país, pero sin éxito porque el juez ratificó la decisión de que siga detenida en el penal de Obrajes.
El 21 de abril, cuando el país estaba en medio de la cuarentena, el también ex vocal Edgar Gonzales, apeló su detención preventiva alegando razones de salud, pero también le negaron la detención domiciliaria que buscaba. Gonzales está detenido desde el 12 de noviembre de 2019 y el plazo de seis meses se cumplió el 12 de mayo.
El abogado de la Procuraduría aseguró que los fiscales presentaron la ampliación de la detención porque durante dos meses, que duró la cuarentena rígida no se pudo realizar ninguna actuación y los casos quedaron paralizados.
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