La muerte de una persona en plena pandemia de coronavirus, además de causar dolor en la familia doliente, representa una tarea engorrosa y hasta aventurada por los trámites legales y por el rechazo que la gente muestra cuando se sospecha que el deceso ha sido por COVID-19.

Según las proyecciones, el mayor pico de la epidemia se espera para julio y agosto. Por lo visto, lo peor está por llegar y se quiere evitar lo ocurrido en Guayaquil (Ecuador) en abril, cuando la epidemia golpeó con todo en esa ciudad y las muertes se multiplicaron y desnudaron la incapacidad de las autoridades para recoger los cadáveres, lo que obligó a muchos vecinos a mantener los cuerpos de sus seres queridos en sus casas durante días, exponiéndose a infecciones.

Con esa dura experiencia, autoridades y voluntarios de Santa Cruz tejieron una red que está levantando y sepultando cadáveres, ya sean víctimas de Covid-19 o por muerte natural, en lo posible dentro de las 12 horas que manda el protocolo para minimizar la posibilidad de contagio de la letal enfermedad.

Estas brigadas, además, ayudan a gestionar los certificados de defunción en la morgue judicial y en los hospitales, negocian precios bajos de los servicios funerarios, hasta donan ataúdes para las familias de escasos recursos y consiguen espacios en los cementerios municipales para dar cristiana sepultura a los difuntos.

Esto lo hacen posible un equipo del Sedes, agentes de la brigada de Homicidios de la Felcc, el bloque de forenses del Instituto de Investigaciones Forenses, las redes de salud de la ciudad, las asociaciones de funerarias, el grupo Avei (voluntarios) y la Dirección de Cementerios Municipales de la capital cruceña.

Hemos coordinado este trabajo antes que empiece la pandemia porque veíamos en otros países la triste realidad que ocurría. Nos reunimos con la fiscal departamental, Mirna Arancibia; con la directora del IDIF, Katherine Ramírez, con jefes policiales, con el director del cementerio. Nos contactamos con Luis Fernando Rivero, un voluntario que tiene una sociedad de becarios; con las funerarias que dan su gran apoyo, incluso donando cajones a la gente que no tenía recursos”, dijo Dagner Montalván, coordinador departamental de muertes por COVID-19.

Con este protocolo, que forma parte de un procedimiento emitido el 15 de mayo, se ha logrado enterrar unos 40 cuerpos en las últimas semanas, servicio que está siendo difundido cada vez más entre la ciudadanía para aliviar las penas y abrir las puertas de las instituciones a la gente que no pocas veces se choca con la insensibilidad de los funcionarios.

“Las personas en esta mala situación se preguntan ‘¿qué hago?, ¿dónde voy?’ o no los quieren atender, porque, evidentemente, el sistema está saturado, en los hospitales no hay la cantidad de médicos y enfermeras suficientes. Nosotros los guiamos, les pasamos el número de los equipos de vigilancia epidemiológica de las cuatro redes urbanas y de las 15 redes provinciales. Ahora, la gente no queda desamparada”, aseguró Montalván.

Peripecias de una muerte y el gran corazón de una mujer

El domingo 31 de mayo, en la Villa Primero de Mayo, murió por COVID-19 un joven, de 21 años, y, por la burocracia de ir para allá y para acá en busca del certificado de defunción y otros trámites, lo inhumaron dos días después.

Lenny Cutaré Pachuri, una madre de familia, se erigió sin proponérselo en la figura generosa, puesto que se comunicó con Dagner Montalván y este puso a funcionar las brigadas para dar sepultura al joven oriundo de San Javier, que solo tenía a su hermano menor, de 18 años, a su lado.

El ahora fallecido y su hermano vivían en un cuarto en alquiler por la avenida Che Guevara. El domingo se puso mal, con dificultad respiratoria severa y alguien llamó a un taxista que lo auxilió llevándolo al centro de salud 25 de Diciembre, donde se desmayó.

En el hospital de primer nivel lo reanimaron a la espera de una ambulancia para referirlo al hospital Japonés. El vehículo tardó cerca de tres horas en aparecer y lo trasladó, pero llegó muerto al nosocomio de tercer nivel.

El fallecido pasó a la morgue, mientras su hermano no sabía con quién dirigirse para retirar el cuerpo y el taxista llamó a su hermana Lenny, que se apiadó del hermano del difunto y se contactó con Montalván por recomendación de una amiga.

“Le escribí por WhatsApp, gracias a Dios me respondió y empezó a ayudarme y a facilitarme los papeles. El muchacho no sabía a quién recurrir por el certificado de defunción. En el Japonés no se lo llenaron porque el paciente llegó muerto y finalmente el doctor Montalván gestionó en el centro 25 de Diciembre para que le dieran el documento”, manifestó la mujer.

Acto seguido, trató con una funeraria que le rebajó bastante en el precio del cajón y, de su bolsillo, Lenny pagó Bs 2.500 por el ataúd. “En otras funerarias no bajaban de Bs 3.500 a 4.000. En el cementerio, se pagó Bs 300 para que lo enterraran entre tres personas”, reveló Lenny Cutaré.

Ronald Romero, director de los cementerios municipales, es parte de este entramado de ayuda, pues se encarga de habilitar los espacios para la inhumación de los cadáveres. Si se trata de víctimas del Covid-19, son sepultados en la tierra y si los difuntos expiraron de forma natural, van a nichos.

“Prefiero no mencionar el cementerio donde se los sepulta, por la susceptibilidad de la sociedad; hemos tenido problemas en dos cementerios en los que hemos querido enterrar y los vecinos han bloqueado”, indicó Romero.

A los fallecidos por enfermedades crónicas y que sus familias carecen de recursos, los entierran en el cementerio Modelo del Plan Tres Mil, previo estudio del entorno social de los dolientes.

Avei lleva a la morada final

La brigada Avei (hasta siempre, en guaraní) es una organización de voluntarios que tiene la misión de trasladar los cuerpos a los cementerios municipales para el descanso final.

Se trata de un grupo de ex becarios bolivianos; es decir, profesionales, con maestrías y algunos con doctorados, que estudiaron fuera del país y ahora están ejerciendo sus profesiones en Bolivia.

“Consiste en atender a las familias que tienen un fallecido por Covid en sus hogares; en coordinación con el Sedes, la Policía y el IDIF, nosotros transportamos los cuerpos en nuestros vehículos como un servicio social”, explicó Luis Fernando Ortiz, vocero del grupo Avei.

Estos voluntarios han firmado una alianza con una empresa de productos de cartón y papel del Parque Industrial para fabricar ataúdes de cartón corrugado para, en caso de que la demanda sea alta, tenerlos a mano y a precios asequibles.

Tenemos dos tipos de ataúdes de cartón corrugado. Uno de muy buena calidad que parece de madera y otro más sencillo. Estamos haciendo gestiones para que el municipio compre un buen stock de modo que estén disponibles para familias de escasos recursos en esta crisis. Nosotros, si es necesario, podemos donar también”, agregó Ortiz.

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