La corrupción y los cobros arbitrarios del sistema judicial y penitenciario boliviano impiden que muchos internos con sentencias cumplidas, con beneficios penitenciarios o quienes apelan a medidas sustitutivas dejen las cárceles. El indulto y la amnistía también se ve amenazado por esta situación, según el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos. 

El gobierno emitió el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, vigente desde el 4 de mayo de 2020, en medio de la emergencia sanitaria nacional, que busca descongestionar las cárceles del país para contrarrestar el contagio y la propagación del coronavirus (Covid-19). Algunos internos ya manifestaron su temor por los cobros. Dicen que aunque cumplan los requisitos no podrán salir.

Estos cobros recurrentes y actos de corrupción, denunciados en una nota periodística en noviembre de 2016 por ANF, permanecen y desde entonces, según testimonios de exinternos, no hubo ningún cambio.

Un exrecluso que fue liberado en noviembre de 2019, y pidió el anonimato, dijo a ANF que le tocó vivir un momento muy dramático al estar a expensas de las autoridades judiciales. Indicó que gracias a su familia pudo salir libre, pero gastó todos sus ahorros y se endeudó para cubrir los cuantiosos pagos que debía hacer a los funcionarios.

“La corrupción es total, el preso es una mina de oro para fiscales, jueces, abogados y policías, por eso lo apresan y a la cárcel, porque soltará plata para salir; si lo mandaran a detención domiciliaria desde un principio, el interno no pagaría ni soltaría plata; esto se trata de un juego económico: el negocio de la ley”, señaló.

Indicó que el interno se ve obligado a “someterse al sistema de corrupción”, desde un comienzo, por los requisitos exigentes de los jueces, que significan una real prueba de perseverancia para los aspirantes a salir en libertad.

“En mi caso lo más fregado fue conseguir domicilio y los garantes, y para eso tuve que pagar para que alguien me dé domicilio, pagar para conseguir garantes, fue la única manera para conseguir”, señaló.

Otro excarcelado dijo a ANF que una vez que se consigue la cesación a la detención preventiva, se debe pagar a la secretaria del juzgado para que verifique el domicilio, que “pide 300 bolivianos solo por la verificación y otros 300 bolivianos para el taxi”.

El traslado al tribunal tiene un costo aparte, donde el policía exige comida, bebida y un pago extra por ser escolta. Este proceso debería ser sin pago. “El policía que me llevó al tribunal me dijo que los internos que él lleva (para su excarcelación) le hacen comer, tomar y le pagan 500 bolivianos; yo solo tenía la mitad y tuve que rogarle para que me lleve, sino me quedo adentro”, relató otro exrecluso.

Todos estos pagos se hacen “por debajo”, no están en la norma, “pero si no pagas no te toman en cuenta y pasa el tiempo de tu salida (orden de excarcelación) y debes volver a gastar nuevamente en hacer otra vez los trámites”, apuntó.

La madre de un interno de Palmasola, donde se registraron cinco muertes de internos por coronavirus, dijo a ANF que conociendo la corrupción del sistema judicial duda que pueda acceder al indulto. 

“Yo he sido una víctima permanente durante nueve años de estos cobros, de toda esta corrupción en el sistema judicial, para todo hay que darle plata a esta gente, incluso te esconden los documentos para que por la agilización te pidan plata; ahora estoy buscando el indulto para mi hijo y seguro volveré a tropezar con toda esta corrupción”, apuntó. 

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, señaló que un sistema de justicia en el que la ley se cumple solo si hay dinero, una vez más amenaza la oportunidad para el indulto y amnistía de los internos que reúnen los requisitos legales si no cuentan con dinero suficiente para pagar los “trámites”.

“Todo es dinero, por eso no logran salir los que están con sentencia cumplida y los que están con beneficios penitenciarios; el que redime la pena es el juez de ejecución, él es el que le dice: ‘has trabajado, redimo; has estudiado, redimo’, hace el cómputo, y para hacer el cómputo de dos por uno y le alcance (al interno) para salir cumpliendo el 50 por ciento de su pena, eso tiene movidas económicas”, aseveró el también exdirector de Régimen Penitenciario.

Indicó que los cobros no autorizados se encuentran vigentes en todos los niveles, sobre todo en el de jueces de instrucción y de ejecución de penas, y esto afecta al interno que incluso cuando tiene emitido su mandamiento de libertad, no puede salir de la cárcel. 

El recluso “tiene que pagar a los de Régimen Penitenciario para que vayan a verificar en el juzgado si está la sentencia, una vez que el funcionario trae la verificación de salida con la sentencia, firma, y pasa al coronel (gobernador del penal), pero él no lo saca así nomás, tiene que darle al coronel 1.000, 2.000 ó 5.000 bolivianos, dependiendo qué tipo de delito es, y el coronel no lo saca ese día, sino de dos, tres o cinco días, todo es una corrupción extrema”, relató.

Y toda esta situación, dijo Llanos, impactará en la nueva Ley de Indulto y Amnistía, que aún no entra en vigencia, donde los funcionarios “están relamiéndose la boca con todo lo que va a venir” en cobros. 

Indulto y amnistía para quienes pueden pagar

Llanos indicó que en un reciente estudio realizado se estimó que el privado de libertad que acceda al indulto deberá pagar entre 700 a 900 bolivianos por los “trámites”, mientras que la amnistía costará entre 2.700 a 3.000 bolivianos.

“Entonces, los únicos que pueden tener esta plata son los que tienen dinero en cárceles, y por eso se coincide que en los anteriores indultos casi el 90 por ciento de los que salieron libres eran narcotraficantes, y el resto de la población común no se ha podido ir”, manifestó.

Refirió que para conseguir estos beneficios muchos internos deben ir a juicio abreviado y es por eso que los fiscales y los jueves “se están relamiendo las bocas, porque tienen que negociar”. “La gente les va a decir: ‘ya, dame ocho años para que me vaya al indulto’, entonces ahí les van a pedir plata”, apuntó.

El experto en tema penitenciarios dijo que para indultos anteriores recibió denuncias de cobros desde 1.500 hasta 15.000 dólares de parte de los jueces a reclusos acusados por narcotráfico para que puedan acogerse, con una pena baja, al indulto. 

Pese a que hay personas que ya cumplieron sus sentencias hace meses no puede salir, y esto ocurre porque el juez “espera que le den plata, que les den algo para moverse”.

El abogado Pedro Justiniano dijo al respecto que los actos de corrupción en la justicia no pasan solo por recibir y pedir dinero, sino también en dejar de hacer lo que la ley manda, y el incumplir los plazos procesales establecidos implica “incumplimiento de deberes y eso es una forma de corrupción”.

“Es un problema muy enraizado, muy endémico, se tiene que hacer una remoción de fondo en el sistema procesal penal, en el sistema de administración de justicia, tendría que haber una revolución dentro de la administración de justicia; es decir, tiene que haber cambios en la estructura del poder judicial”, apuntó.

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