La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) que agrupa a empresarios del sector, se declaró en estado de emergencia nacional por los más de 35 días de inactividad a raíz de la emergencia sanitaria que pone a sus empresas en una situación económica “insostenible”.

El presidente de la Caboco, Franklin Pérez, a través de un comunicado difundido este domingo señala que este sector aglutina a 470 mil trabajadores quienes corren el riesgo de perder su fuente de empleo, mientras no se haga efectivo el pago de las deudas que tienen el Estado.

Advierte que algunos empresarios se ven en la situación de optar por despidos de personal a gran escala, cierre de sus empresas y de ingresar a la falta de pagos a todo el sector económico que depende de este rubro, sumando la no cancelación de varias obligaciones tributarias, bancarias, laborales y municipales que nuestras empresas tienen comprometido.

Señalan que varias de las medidas de mitigación emitidas por el gobierno, no son aplicables o viables para el apoyo, fortalecimiento y oportuna reactivación del sector de la construcción.

Los constructores apelan a la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, para que tome conocimiento que el sector se ve relegado de las diferentes políticas de los últimos días y le avisan que como empresarios no pretenden generar falsas expectativas laborales con sus funcionarios y mano de obra.

Igualmente advierten que no pretenden seguir generando obligaciones tributarias, del sistema financiero y otras, por lo que las decisiones del cierre de muchas empresas por incumplimiento de compromisos contractuales por parte del gobierno nacional y subnacionales, son una realidad que el gobierno debe conocer.

Recientemente el gobierno anunció la apertura de línea de crédito para que las empresas puedan cancelar salario a sus trabajadores, pero los constructores indican que no están en condiciones de asumir préstamos porque no cuentan con las garantías de cobrar las deudas pendientes del Estado y porque la situación de crisis generó un nivel de desconfianza en el sistema bancario y en sus proveedores.

La entidad indica que una reactivación del sector está sujeta a la regularización de las deudas y a un compromiso de pagos oportunos mensuales según los proyectos en ejecución. A esto se añade la obligación de que cuando retomen sus actividades normales, deben implementar elementos de bioseguridad sanitaria lo que también demanda contar con liquidez.

Los empresarios piden a la presidenta del Estado una reunión para establecer las estrategias necesarias de reactivación, tomando en cuenta que es uno de los sectores que genera fuentes de empleo y dinamiza la economía de bienes y servicios en más de 20 sectores.

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