El ingreso del coronavirus en América Latina ha estado marcado por la crisis en los diferentes sistemas de salud de los países y particularmente en el riesgo sobre los sectores más vulnerables como los indígenas. En Bolivia este es el escenario, dado que 15 organizaciones del oriente, Chaco, Amazonía y trópico demandan la atención de las autoridades frente a necesidades concretas en lo que respecta a la alimentación, medicamentos y atención por otras enfermedades como el dengue que también azotan en sus regiones.

Dada la mayor presencia de pueblos indígenas en Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia, en los últimos días se han registrado datos que elevan las alertas en relación a casos confirmados y demandas  de inclusión en las medidas estatales.

En el caso boliviano y por la emergencia sanitaria que ha llevado a determinar la cuarentena y el aislamiento, las dirigencias de organizaciones indígenas coinciden en solicitar al gobierno central y autoridades regionales, la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la pandemia y al acceso a alimentos e insumos de primera necesidad.

De acuerdo al monitoreo realizado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Odpib), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), en relación al escenario actual por la pandemia del coronavirus y la vulnerabilidad de los indígenas, se concluye que las demandas de los pueblos vulnerables en el país son similares y se concentran en la inclusión de las medidas adoptadas por las autoridades para prevenir un mayor avance del COVID-19.

Ya antes a esta pandemia, los efectos del cambio climático y las fuertes sequías del 2019 y la afectación a los territorios indígenas, en especial producto de los incendios en la Amazonía, la Chiquitanía, Chaco y Pantanal, dejaron a las comunidades que habitan en estas regiones en una situación crítica en relación al acceso a alimentos e insumos de primera necesidad. “Por ello, las demandas de las organizaciones giran en torno al abastecimiento de productos alimenticios, además de elementos de protección y prevención frente a la pandemia”, detalla el reciente informe del Cejis.

Se trata de un trabajo de sistematización de la actual situación y demandas de pueblos indígenas de Santa Cruz, como la Organización Indígena Chiquitano (OICH), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib) y Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); de Beni, como  Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cepem-B), Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1), Organización Indígena del Pueblo Cavineño de la Amazonía (OICA); de La Paz como la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y Organización de la Mujer Indígena Mosetén (OMIN) y de Cochabamba como el Territorio Comunitario de Origen Yuqui (TCO-YUQUI) y Concejo Indígena del Río Ichilo (CIRI).

En relación  la salud, estas organizaciones demandan que frente a esta emergencia y avance del COVID-19, tengan el acceso a la salud universal a través de la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la pandemia; “así como la llegada de brigadas médicas y campañas de información sobre el  virus y sus formas de prevención en idiomas originarios. Esto se justifica por la situación de abandono en la que se encuentran los pueblos, al no contar con servicios de salud de forma permanente”, establecen los investigadores del Cejis.

Paralelamente a las medidas de cuarentena, cierre de fronteras y restricción de la circulación, desde el gobierno se determinaron diferentes mecanismos de ayuda y asistencia a los sectores más vulnerables, en esa línea los pueblos indígenas de Bolivia, particularmente de tierras bajas, solicitan la entrega de la canasta familiar y el pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en sus mismos territorios.

De igual manera solicitan la coordinación entre sus organizaciones representativas y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. “La atención de salud en esta emergencia constituye una responsabilidad y compromiso de todos los niveles de gobierno. Las autoridades gubernamentales deben tener la capacidad de escuchar y conocer la realidad de los pueblos indígenas en materia de salud; además de consultar y coordinar con las autoridades indígenas que constituyen la instancia máxima de representación para enfrentar de forma conjunta la pandemia”, establece este documento.

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