El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, ratificó ayer, lunes, que del 16 al 31 de marzo se dispuso jornada laboral continua, de 8:00 a 16:00, con la finalidad de prevenir y contener la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país.
"Queremos anunciar que hoy el Ministerio de Trabajo ha emitido el comunicado 08/2020 en el marco de las disposiciones ya anunciadas por la presidenta Jeaninne Áñez; se ha dispuesto en forma obligatoria en todo el territorio nacional, tanto para el sector público como privado, la obligatoriedad de jornadas continuas desde hoy 16 hasta el martes 31 de marzo", dijo.
PAQUETE DE MEDIDAS
El domingo 15, Añez anunció un nuevo paquete de medidas para prevenir y evitar la propagación del COVID-19, entre ellas el trabajo en horario continuo para el sector público y privado, la prohibición de todo tipo de fiestas, apertura de bares, gimnasios, cines, discotecas, eventos deportivos masivos, parques de diversión y actividades nocturnas o reuniones de más de 100 personas.
De acuerdo con la jefe de Estado, se decidió eliminar el arancel para la importación de medicamentos, detectores de fiebre o donaciones relacionadas a la lucha contra el COVID-19.
También dijo que desde el miércoles se prohíbe el ingreso a Bolivia de viajeros que procedan de Europa, de países del espacio schengen, Reino Unido, Irlanda e Irán.
No obstante, aclaró que esa prohibición no incluye a ciudadanos bolivianos que vuelven al país, los que deberán cumplir los protocolos que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) al arribar al país.
Mercado precisó que esta determinación se enmarca en las recomendaciones que realizó el Ministerio de Salud para la prevención y contención del coronavirus en el país.
Asimismo, mencionó que el comunicado también establece otras particularidades para las instituciones que tengan modalidades diferenciadas de trabajo, pero que deben tomar los recaudos necesarios para cuidar la salud de sus trabajadores y asumir medidas de bioseguridad.
En esa línea, apeló al compromiso patriótico y ciudadano de la población y del empresariado de acatar esa disposición, sin la necesidad de establecer sanciones, ya que se trata de la salud de los bolivianos.
