La rectificación de la postura de Bolivia o una compensación por parte de Chile son posibilidades que se advierten en medio de la polémica sobre si desde el lado boliviano se ha admitido en La Haya que parte de las disputadas aguas del Silala van hacia su vecino naturalmente.

El litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue instaurado primero por Chile en 2016, pero en 2018 Bolivia respondió con una contrademanda y hace unos días tuvo un giro drástico tras un comunicado de la Cancillería boliviana.

La nota asegura que el Gobierno de Evo Morales supuestamente admitió que parte del recurso hídrico sobre el que Bolivia reclamó total soberanía también corresponde a Chile, algo que podría modificar los argumentos bolivianos y que el país vecino podría usarlo a su favor.

Por su parte, el diputado Víctor Borda, del MAS, mencionó que la difusión de ese comunicado fue algo "inoportuno" e "inadecuado" cuando el litigio está en curso en la corte de Naciones Unidas.

Borda argumentó que ese "reconocimiento taxativo y expreso" que hizo la Cancillería se contrapone a los "antecedentes fácticos y jurídicos", que a su juicio "destrozan" la tesis chilena que plantea de que las aguas del Silala forman un río internacional de uso compartido.

Algunos de esos argumentos son la concesión que otorgó Bolivia del uso del agua a principios del siglo pasado y que feneció en la década de 1990, canalizaciones artificiales como los acueductos que conducen las aguas hacia Chile o el preacuerdo que en 2009 debía firmarse entre ambos países cuando Morales y Michelle Bachelet gobernaban.

"Realmente, en este momento, esta demanda está muy compleja y difícil", admitió Borda, que junto a otros legisladores de su partido pidió que el Parlamento interpele a la canciller Karen Longaric, para que explique las razones de la publicación.

La posición de Borda es que después la presidenta Jeanine Áñez pueda "rectificar" lo que mencionó en el polémico comunicado, que Chile consideró una "buena noticia".