La Fiscalía determinó retirar su acusación en el denominado caso Terrorismo, que luego de once años llega a su fin. Antes fue el Ministerio de Gobierno, a través de Arturo Murillo, el que había desistido de los cargos.
Este proceso se inició luego del asalto al hotel Las Américas, en abril de 2009, cuando la Policía acusó a un grupo de extranjeros (entre ellos Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano) de formar parte de un plan que tenía como objetivo acabar con la vida del entonces presidente Evo Morales.
Por esta causa se inició un proceso a 39 personas incluidos empresarios y líderes cívicos, algunas incluso pasó cerca de una década en la cárcel como es el caso de Zvonko Matkovic Ribera, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, estos últimos salieron en libertad hace casi dos meses.
Sobre el caso, abogados e implicados manifestaron a lo largo de los años que este había sido un montaje para 'descabezar' a un movimiento que entonces era contrario al Gobierno de Evo Morales.
Sobre esta misma línea también se expresó el ministro Murillo que hace dos semanas, cuando oficializó el retiro de la acusación por parte del Estado, pidió disculpas a las familias de quienes sufrieron durante años con este proceso.
Jueces denunciados
Sixto Fernández y Elena Gemio, jueces técnicos del caso, fueron denunciados por los abogados de los acusados ante la Fiscalía por malversación de fondos, daño económico al Estado y otros delitos.
Dentro de la investigación en su contra se acusó al anterior gobierno de pagarles viajes y viáticos para que acudan a las audiencias con la consigna de hacer prevalecer una línea, como enjuiciar a todas las personas y condenarlas solo con fines de tipo político.
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