Las elecciones generales del 20 de octubre, anuladas tras la comprobación de un fraude a favor del MAS, también generaron discusión sobre mecanismos que se llevaron en el marco de esos comicios, como las encuestas en cadena y censuras a otras que no favorecían al Gobierno de Evo Morales. Esto ha llevado a plantear sanciones a esas encuestadoras que "manipulen" el voto. 

El diputado Amilcar Barral presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud para que se reglamente y se sancione a empresas y encuestas que incurran en la manipulación e influencia del voto en el ciudadano por datos sesgados o a favor de uno de los candidatos. 

El documento de Barral establece que "para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, auditando de manera rigorosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros, desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato".