La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, junto al senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, informaron ayer, lunes, que la Contraloría General  confirmó el daño al Estado respecto a los contratos del Ministerio de Comunicación con la empresa mexicana Neurona Consulting, durante la gestión de la exministra Gisela López en el Gobierno del expresidente Evo Morales.

"Esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría, todas estas personas que han sido denunciadas ya están registradas y se ha pedido los informes migratorios y se ha pedido informes a la UIF, para que no salgan del país y puedan responder por este caso", dijo la ministra de Estado

En ese marco, Lizárraga indicó que la Contraloría del Estado ya presentó una denuncia y que el Ministerio de Comunicación está haciendo lo mismo, sin embargo, la principal implicada, Gisela López, ya fugó hacia la Argentina.

"El daño económico en ese caso es de 13 millones de Bolivianos, pero existen otros procesos de contratación que están bajo auditoría y que son de la gestión de la exministra Gisela López", precisó.

De acuerdo con Óscar Ortiz, la Contraloría presentó una acusación contra 12 personas del Ministerio de Comunicación que tienen responsabilidades por distintos delitos, como uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, incumplimiento de contrato, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

"Creo que este es uno de los casos más escandalosos que hubo de contrataciones directas de abuso de poder, despilfarro de los recursos públicos, pero sobre todo porque en el fondo le dieron a un grupo de activistas para que vinieran de México en la anterior campaña del MAS, estos contratos como una forma de retribución de pago", lamentó.

DENUNCIA

La denuncia se basa en irregularidades en contrataciones a la empresa mexicana  Neurona, puesto que la misma había sido creada recientemente y no tenía la experiencia para tener adjudicaciones. El monto llega a cerca de 13 millones de Bolivianos.    

La empresa mexicana ya estaba sospechada de irregularidades, puesto que sus miembros habían colaborado con la campaña del MAS en 2014 y se presumía que sus contratos eran retribución por aquello. La ministra Lizárraga incluso aseveró que esa empresa está vinculada con el Gobierno de Andrés López Obrador.