En una reunión entre el Gobierno, organizaciones sociales y legisladores, se consensuó un proyecto de ley cuyo objetivo es brindar garantías de seguridad y derechos a dirigentes y políticos, pero también garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se haga por la vía constitucional y legal.
Asimismo, las autoridades gubernamentales se abrieron a modificar el Decreto 4078, que generó polémica porque permite a las Fuerzas Armadas participar en operativos para restablecer el orden y no tener responsabilidad penal.
La reunión se extendió hasta pasadas las dos de la mañana de este domingo, con participación de la presidenta interina Jeanine Añez con su gabinete, dirigentes del Pacto de Unidad, formado por organizaciones afines al MAS, la Central Obrera Boliviana, representantes de otros sectores, asambleístas y la mediación de la Iglesia y la ONU.
El proyecto se denomina “Ley para a Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano”.
El texto consensuado tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de “líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades”.
También incluye un artículo que brinda garantías para el juzgamiento de dignatarios. “Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley número 044”, señala.
Dicha Ley 044 y sus artículos mencionados marcan en qué situaciones pueden ser sometidos a proceso un presidente y vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto original del MAS pretendía incorporar explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no puedan ser procesados en la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos en el ejercicio de mandatarios, pero en el texto consensuado ya no se menciona a estas dos personas, sino sólo se limita a ratificar la Ley 044.
El proyecto consensuado también garantiza que asambleístas no serán hostigados y que, también dirigentes, tendrán asegurado el ejercicio de sus derechos. Dichas personas podrán tener servicios de seguridad a sus familias y propiedades a sola denuncia verbal.
Se viabilizará la libertad de detenidos que no tengan en su contra elementos de convicción de delitos. También se investigará las muertes en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se estipula que se dará de manera inmediata salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas que reciban asilo de otros Estados.
Se pactó también dar indemnización a familias de los fallecidos y que también el Estado se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones posteriores al 21 de octubre.
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