En una carta abierta publicada ayer, la organización internacional Amnistía Internacional pidió al presidente, Evo Morales, suspender el decreto que autorizó las "quemas controladas” y el desmonte para ampliar la frontera agrícola, promulgado en julio de este año.
"Ante la ausencia de determinación sobre las causas de los incendios en la Chiquitanía, requerimos al Estado de Bolivia que suspenda la aplicación del Decreto Supremo No 3973 hasta que se obtenga certeza de que aquél no ha contribuido a la generación de los incendios", dice la misiva.
En la carta abierta, Amnistía Internacional afirma que se deben investigar las causas de los incendios y, en caso de que corresponda, identificar y sancionar a las personas responsables.
Asimismo, el Gobierno debe brindar asistencia urgente a las personas y comunidades afectadas, consultándolas y respetando sus derechos humanos.
La carta recuerda las declaraciones del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana cuando afirmó que “el incendio es casi hijo natural de la agricultura” que está agravado por altas temperaturas y vientos fuertes, relacionados con el “calentamiento global” y le pide explicar las la relación de estos hechos con el decreto 3973 que autoriza el desmonte.
Los incendios forestales en la Chiquitanía, que se registran desde agosto, han arrasado con más de 1.7 millones de hectáreas, situación que afecta a la flora y fauna del lugar.
La organización expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas, recordando que la protección del medioambiente y la biodiversidad es necesaria para disfrutar plenamente los derechos humanos como la vida, la salud, la alimentación, el agua y la cultura.
“Brasil no es el único país sufriendo de los terribles incendios forestales en la Amazonía; Bolivia también enfrenta esta amenaza al ecosistema, la biodiversidad y las comunidades del bosque Chiquitano. En lugar de hacer declaraciones públicas contradictorias e infundadas, las autoridades bolivianas deben investigar de una forma científica e independiente el origen de esta grave crisis”, dijo María José Veramendi Villa, investigadora para Sudamérica de A. I., citada por Amnistía.
El 9 de julio, Morales promulgó el DS 3973 que daba luz verde para que Santa Cruz y Beni procedan al desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades en tierras privadas y comunitarias.
La agrupación política Comunidad Ciudadana (CC) pide que Morales y el candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, paguen “su culpa” por autorizar leyes y decretos que permiten las quemas y chaqueos en zonas forestales de Santa Cruz.
