En el municipio cochabambino de Morochata, el presidente Evo Morales pidió el martes a su alcalde, ante una muchedumbre, lograr el 100 % de los votos en las elecciones de octubre. Les aclaró que, si se lograba esa cifra, podrían pedir lo que ellos quisieran en cuestión a obras.
Esta declaración fue observada por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Eliane Capobianco, que cuestiona el hecho de que Morales pida ese intercambio utilizando fondos públicos pues "es ilegal que use la entrega de obras del Estado para campaña propia".
La diputada Capobianco anticipó que se sentará una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral pues la última acción realizada por Morales vulnera el artículo 13 del Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral puesto en vigencia desde el pasado 27 de mayo y el artículo 116 de la Ley de Régimen Electoral, que señala que los actos públicos de campaña son permitidos desde 90 días antes de los comicios.
Además, se observará que el presidente hace uso de bienes del Estado para pedir votos, lo que también está prohibido por las normas electorales.
"Está prohibido que él utilice obras del Estado. Son una serie de irregularidades que comete Evo Morales en su desesperación de conseguir votos. Todas las obras que está entregando es con dinero de todos los bolivianos, no es dinero de Evo ni de su partido, no puede serguir usando los bienes del Estado como si fueran propios", expuso.
Para el analista político Marcelo Silva, se comete primero un acto cuestionable desde lo jurídico, pues el pedido de Morales fue hecho en un tiempo en el que el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral prohíbe los actos públicos de campaña.
En segundo lugar, Silva afirma que la connotación ética de este hecho, pues considera que ninguna autoridad nacional, departamental o regional que esté en funciones, puede comprometer hechos o acciones en función al resultado electoral.
