La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Gobierno de Bolivia a modificar su política "que asfixia las finanzas de medios independientes y pone en riesgo la estabilidad laboral de periodistas y personal" de las empresas periodísticas, y denunció presiones, persecución tributaria e imposición de servicios gratuitos de difusión.
En una resolución sobre Bolivia, aprobada en la reunión semestral de la SIP celebrada a fines de marzo en Cartagena, Colombia, la organización pidió respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión para evitar "las restricciones a este derecho fundamental por vías directas, tal como la aplicación de la publicidad gratuita", al tiempo que urgió al Gobierno a suprimir esta medida, de acuerdo con una nota de prensa publicada en su portal.
El informe sobre la situación de la libertad de prensa en Bolivia presentado en Cartagena, reveló la preocupación de los medios por el "ciclo de fragilidad financiera" y denunciaron que desde 2010 el gobierno promulgó 13 leyes que "responden a un esquema político e ideológico orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios".
"Cada una de las 13 normas impone a radioemisoras, difusoras de televisión, medios virtuales, pero en particular a diarios privados e independientes, la publicación de avisos gratuitos en páginas específicas que generan pérdidas de hasta 30 por ciento por concepto del servicio de publicidad", destaca el documento.
OTRO GOLPE
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) consideró como "otro golpe financiero" un nuevo proyecto de ley (Proyecto de Abreviación Procesal Penal) que elimina la obligación de publicar los edictos en los diarios y lo sustituye por su divulgación digital y gratuita.
Los edictos que publican los diarios serán reemplazados por información digital, según el Proyecto de abreviación procesal penal que el 16 de abril aprobó el Senado y será considerado por la Cámara de Diputados.
La ANP explicó que los medios obtienen ingresos por la impresión y difusión de avisos de notificación legal, por lo que esta iniciativa "terminará provocando su colapso".
El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, lamentó que esta nueva disposición se esté discutiendo en el Legislativo precisamente en un momento en que la ANP y el Gobierno abrieron un espacio de diálogo para estudiar mecanismos que permitan revertir el impacto de otras leyes que, en los últimos años, han afectado la estabilidad económica de los medios de comunicación.
