El Consejo de la Magistratura determinó ayer cesar a todo el personal de Derechos Reales (DDRR) de todo el país por los escándalos de corrupción que se dieron a conocer en las últimas semanas, principalmente en Santa Cruz y Chuquisaca.

Se trata de más de 400 funcionarios en todo el país que serán relevados de sus cargos para dar paso a una convocatoria pública. Se calculó que en unos cuatro meses se contará con el nuevo personal.

"Frente a estos hechos de corrupción en Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura ha tomado la determinación de convocar todos los cargos del personal auxiliar, registradores, operadores, técnicos de todo el país (...), para llevar adelante una convocatoria pública, para que estos cargos sean ocupados por otras personas con ciertas características", manifestó Gonzalo Alcón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Los tres consejeros de la Magistratura -Gonzalo Alcón, Omar Michel y Dolka Gómez- decidieron ser parte querellante en los procesos penales que se siguen contra funcionarios en Santa Cruz.

"Vamos a llevar adelante un trámite interno contra los funcionarios de Santa Cruz, quienes habían conocido denuncias anteriores", manifestó.

La semana pasada, Alfredo Echeverría, juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz fue acusado de cancelar irregularmente partidas y modificar anotaciones preventivas de bienes inmuebles. Un mes antes, por los mismos supuestos actos, el juez registrador de Chuquisaca, Hugo Yamil Sánchez, también resultó implicado.

Alcón recordó que producto de la Sala Plena del Consejo, se determinó iniciar auditorías jurídicas y financieras en las diferentes ciudades del país, para detectar irregularidades, y hoy se ejecuta esa disposición en Santa Cruz.

"Progresivamente vamos a ir abarcando a las demás ciudades", mencionó.

El 26 de marzo, El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó que después de una intervención a las oficinas de DDRR de las ciudades de Santa Cruz y Montero constataron la desaparición de 357 folios y el desvío de 700 mil bolivianos a cuentas personales de un funcionario, además de otros indicios de irregularidades que están en investigación.

“En Santa Cruz nos refieren, por ejemplo, que más de 357 trámites habrían desaparecido. En Montero hay desviaciones de recaudaciones de algunos funcionarios. Todo eso se determinará y a partir de eso se activará con todo el rigor legal y normativo, en materia penal y disciplinaria”, informó.