Sindicatos de choferes se adhirieron ayer jueves al proceso penal contra dirigentes y exdirigentes de la Federación de Choferes 1 de Mayo por enriquecimiento ilícito de particulares y otros delitos por las irregularidades en las transferencias realizadas por la estatal Vías Bolivia por el cobro de un aporte de Bs 0,20 del peaje a cuentas privadas de los representantes.
El abogado Frank Campero precisó que la acción legal se adhiere a la denuncia presentada, el 15 de febrero, por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe en contra de los dirigentes y exdirigentes de los choferes por los delitos de enriquecimiento ilícitos de particulares con afectación al Estado, malversación de fondos públicos y otros tipos penales.
El jurista anunció que los sindicatos Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana y Pioneros Terminal presentaron la demanda que incorpora los delitos de favorecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y contribuciones y ventajas ilegítimas.
La medida fue consolidada como parte de las resoluciones del cabildo de los choferes de base en el que participaron choferes de La Paz y El Alto.
En la asamblea también se determinó exigir una auditoría externa de los aportes que hicieron sus miembros en el peaje y desconocer a los ejecutivos de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo, Rubén Sánchez, y de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Víctor Tarqui, por suspender y expulsar al sindicato Eduardo Abaroa.
El chofer de base, Eddy Condori, indicó que sus compañeros piden la renuncia de los dirigentes de la Federación de Choferes 1 de Mayo, caso contrario los afiliados tomarán las oficinas del gremio.
