Son 46 organizaciones y colectivos de la sociedad civil y activistas de los derechos humanos que demandan la renuncia del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, por la denuncia que pesa en su contra por violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa.
A través de un pronunciamiento los firmantes remarcan que los funcionarios de la Magistratura, en especial aquellos que ejercen funciones en materia de justicia constitucional, deben acreditar "alta integridad y una conducta ética irreprochable" para evitar señalamientos o denuncias.
"Una autoridad judicial además debe mantener estándares elevados no sólo en el ejercicio de la función judicial sino también en su vida particular, lo contrario generaría desconfianza hacia el sistema de justicia, por lo que consideramos inadmisible el ejercicio de la función judicial por una autoridad que ha cometido un delito", se lee en el documento.
