Por más de ocho meses, la Alcaldía siguió pagando el alquiler de las oficinas del edificio Colón, donde trabajaban los funcionarios de confianza del alcalde electo José María Leyes, entre ellos el secretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla y presuntamente una de sus hermanas, de acuerdo con una publicación de un diario nacional.

Las oficinas, ubicadas en El Prado, estuvieron cerradas desde abril de 2018, luego de la denuncia que hizo la concejala Rocío Molina por un presunto sobreprecio en la compra de las mochilas chinas y material escolar.

La municipalidad alquilaba tres pisos del céntrico edificio, en El Prado, que están en el sexto, séptimo y octavo piso.

Hasta antes de la denuncia que hizo Molina, el octavo estaba destinado exclusivamente para el denominado “búnker verde” de Leyes y sus allegados. Los otros dos se usaban para otras dependencias del Gobierno municipal.