El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se harán auditorías necesarias, respecto al caso de los depósitos que reciben dirigentes de los choferes, por concepto de aportes cobrados por Vías Bolivia en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto.
“Por supuesto que va a haber las auditorías que sean necesarias, para establecer si estuvo bien hecho o no”, manifestó el segundo mandatario.
El diputado Wilson Santamaría reveló que desde 2008 Vías Bolivia tiene un acuerdo con la Federación de Choferes de La Paz, para cobrar un adicional de 20 centavos a los transportistas en el peaje para un fondo Pro Salud.
El monto recaudado por ese concepto fue depositado por Vías Bolivia a cuentas a nombre de los dirigentes de los choferes. El monto llegaba a casi 12 millones de bolivianos hasta 2017.
García Linera señaló que tiene entendido que esa forma de recaudación de los choferes ya viene desde 2004 o 2005. Anteriormente, el Ministro de Obras, indicó que un acuerdo similar se ejecutaba cuando Toll S.A. era la empresa encargada del peajes, antes que Vías Bolivia.
Dijo que, si bien aquello está establecido desde hace 15 años, “habrá que hacer una revisión completa de esas decisiones”.
Respecto a si es correcto hacer depósitos a cuentas de dirigentes, García Linera dijo que eso se definirá en la auditoría.
Pero, la semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, precisó que el Gobierno no fiscalizará la transferencia de dinero de Vías Bolivia a dirigentes de la Federación de Choferes 1ro. de Mayo, ya que se trata de fondos privados.
AGENTE DE RETENCIÓN
Abogados expertos en derecho comercial y tributario consideran que la empresa estatal Vías Bolivia no debería ejercer como agente de retención de peajes para entregar los recursos a choferes (sector privado).
Edwin Rojas, expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, dijo que los peajes se constituyen en tributos recaudados para mejorar las carreteras.
Acerca de la resolución ministerial que establece la retención de los fondos desde 2004 (cuando recaudaba Toll SA.), Rojas señaló que esa norma no alcanza y debe hacerse a través de una ley o decreto supremo que faculte al Órgano Ejecutivo.
