El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra de la exministra de Agua y Medio Ambiente, Alexandra Moreira por los delitos de incumplimiento de deberes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, debido a la crisis del agua en La Paz registrada en noviembre de 2016, informó el abogado Luis Velasco.

Junto a Moreira fueron acusados el exdirector de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, y los exinterventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Ruddy Rojas y Hugo Gómez.

Entonces "en total son cuatro personas las que están acusadas", confirmó Velasco, abogado de Rojas y Gómez.

En noviembre de 2016, Epsas de manera sorpresiva implementó un plan de racionamiento de agua debido a la reducción del embalse de Hampaturi.

La población afectada cuestionó la falta de previsión de las autoridades, que derivó en el racionamiento de agua y frente a esta situación, el Gobierno recurrió a un plan de contingencia para dotar de agua a los distintos barrios con el uso de cisternas y tanques fijos.

Por este hecho se presentaron varias denuncias y la Fiscalía procesó a los responsables, que asumieron defensa en libertad.

Este año el Ministerio Público concluyó las investigaciones y resolvió con la acusación formal llevar a juicio a las cuatro exautoridades mencionadas.

Velasco manifestó que quedaron perplejos con la decisión del Ministerio Público porque la investigación no habría encontrado elementos suficientes como para responsabilizar a los acusados.

Mencionó que a través de varios recursos jurídicos justificaron que la crisis del agua se dio por una causa natural (sequía) y no había intención de atentar contra la seguridad de los servicios públicos.