Dos demandas penales fueron presentadas por igual número de legisladores de oposición en contra de la ministra de Comunicación, Gisela López, por uso de dinero público en la difusión de una encuesta que favorece al presidente Evo Morales. La ministra respondió que tiene las manos y la conciencia limpias.

Durante la mañana, el senador de UD Arturo Murillo  se presentó ante la Fiscalía y formalizó la denuncia por uso indebido de bienes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.

Por la tarde, el senador de UD y candidato a la presidencia, por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, presentó junto a su candidato a la vicepresidencia Edwin Rodríguez otra querella por uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e inducción al voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta.

La publicación de la encuesta desató una polémica y a fines de diciembre de 2018 el diputado de UD José Carlos Gutiérrez decidió denunciar al oficialista MAS y al Gobierno ante el TSE por haber difundido esa encuesta vulnerando, en su criterio, la Ley de Régimen Electoral, pero además financiándola con recursos públicos.