La opositora Unidad Demócrata (UD) no se da por vencida y apeló a un "infiltrado" en filas del MAS para que, en su condición de militante, impugne la candidatura del binomio Evo Morales - Álvaro García, que se hizo efectiva la mañana de ayer.

El ciudadano Marcel Rivas fue quien se inscribió en el MAS y fue presentado por el senador de UD, Arturo Murillo, en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que amaneció con un fuerte resguardo policial.

“Solamente los miembros del MAS pueden inhabilitar a sus candidatos y para eso tuvimos que sacrificar al compañero Marcel Rivas. Lo hemos hecho inscribir al partido, tiene su inscripción como militante del MAS. Yo sé que es difícil, pero por la patria se hace todo y hoy con muchas dificultades hemos presentado la impugnación a la inhabilitación del binomio presidencial trucho Evo - Álvaro”, confirmó el legislador.

Rivas explicó que su "infiltración" es parte de una estrategia anticipando un escenario como el que se materializó el martes 4 con la habilitación del binomio oficialista para las elecciones primarias y generales de 2019.

Según el reglamento de las elecciones primarias del 27 de enero, solo los militantes pueden impugnar al candidato o binomio presidencial de su respectiva organización política.

Similar acción decidió asumir el opositor Rafael Quispe, aprovechando que apareció en filas del MAS como resultado del registro de militantes.

“La lucha es larga y dura porque no solamente luchamos contra un régimen totalitario liderado por Evo Morales, luchamos contra sus cómplices, incrustados en los diferentes estratos del Estado, en diferentes instituciones que constituyen verdaderos delincuentes comunes como los del TSE y del órgano judicial”, cuestionó Murillo.

Quispe, incluso, presentó un binomio junto a la dirigente campesina Juana Calle Apaza, que no fue aceptado. Ante esa decisión, dijo que como militante impugnará la candidatura del oficialismo, desde donde se respondió que lo expulsarán.

A diferencia de la oposición, en filas del oficialismo celebraron la decisión del TSE y consideraron que el TSE solo cumplió el fallo del Tribunal Constitucional (TCP) de 2017.