El escándalo de las inscripciones truchas en el padrón de militantes de los partidos políticos continúa en ascenso y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se encuentra en el ojo de la tormenta. Ayer jueves un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por varios delitos contra ese organismo, mientras que los Demócratas exigen una auditoría al padrón general debido a estas irregularidades.

Ante la cantidad de ciudadanos que se volcaron hasta la OEP para tramitar renuncias, anulaciones y restituciones, ese organismo decidió ampliar hasta el 5 de diciembre el plazo para estas gestiones e incluso dispuso que su personal atienda los fines de semana.

El anuncio lo hizo el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas y recordó que el plazo inicial para el cierre de estos trámites vencía el 28 de noviembre.

El lunes 19 de nobiembre el OEP puso a disposición de la ciudadanía una aplicación para verificar los registros de militancia y luego de ello miles de personas denunciaron que aparecían en partidos a los que nunca se registraron.

Un grupo de aproximadamente 100 personas, encabezadas por el activista Iván Arias y el abogado Omar Durán, presentó la mañana de este jueves ante el Ministerio Público una denuncia contra el OEP por delitos penales, electorales e informáticos, además de otros que se pudieran identificar en el proceso de investigación sobre los registros truchos.

“Presentamos ante la Fiscalía esta denuncia para que nos garanticen y nos digan qué hacen con nuestros datos, quién los maneja, quién garantiza que mis datos estén encriptados y no estén siendo utilizados de una manera ilegal y abusiva”, explicó Arias.

Dijo que recibieron unas 500 denuncias, 100 de ellas de ciudadanos bolivianos que residen en Estados Unidos, y anunció que los demandantes ante el Ministerio Público crecerán en número en la medida que autoricen el uso de sus documentos.

A este panorama se suman las demandas penales presentadas ayer en distintas partes del país contra los miembros de los partidos políticos que resulten responsables de las inscripciones irregulares. Es el caso del abogado cochabambino Rolando Ramos, quien tras aparecer en las listas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) inició una demanda por falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado contra el autor o los autores de este hecho.