El Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, máxima instancia de decisión, determinó ayer acudir al diálogo con el Gobierno para expresar su rechazo al pago del segundo aguinaldo y escuchar las medidas para mitigar su efecto que significa “una severa amenaza” a la estabilidad del empleo y el crecimiento.
El empresariado se reunió ayer y emitió un comunicado en el que reiteró su posición de rechazo al beneficio que la administración de Evo Morales confirmó que este año se deberá pagar teniendo en cuenta que la economía creció por encima del 4,5 % en el período interanual 2017-2018.
“Pedimos al presidente Evo Morales y al vicepresidente García Linera que, como máximas autoridades del Estado, asuman la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida, y que consideren su ajuste o incluso su anulación en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables”, sostiene parte del documento.
