David Moscoso Ruiz es un enigma. Fue socio de la minera chilena Quiborax y tenía en Bolivia su empresa llamada No Metallics Mineral (NMM). No aparece en la escena mediática y se desconoce su paradero. Aún así, en esta gestión, el 18 de enero, ganó una demanda de reparación de daño a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), que se querelló contra el empresario boliviano por falsificar el acta de constitución de la alianza entre Quiborax y NMM. Esta movida ilegal permitió que el consorcio chileno opere en Bolivia y luego que demande al Estado.
El auto supremo salió el 18 de enero de este año. Fue dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de analizar el proceso que inició la AEMP contra Moscoso, según publicó ayer El Deber.
La entidad estatal pidió la reparación de daño, pero el máximo ente judicial del país lo denegó, según el acta. Así, el empresario queda totalmente liberado de culpa en todo el proceso judicial que se vincula con Quiborax.
“La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y el art. 277.I en relación a los arts. 274.II num. 2) y 220.I num. 3) del Código Procesal Civil, declara improcedente el recurso de casación de fs. 158 a 162, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas –AEMP, en contra del Auto de Vista Nº 203/2017 de 20 de abril”, dice la conclusión del auto supremo en su último párrafo.
El procurador Pablo Menacho no atendió su teléfono para conocer su impresión al respecto. Sin embargo, el jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, dijo que desconoce el auto supremo, pero aun así apuntó al expresidente Carlos de Mesa por el daño al Estado. “Conocemos que este señor David Moscoso Ruiz accedió a información clasificada cuando fue funcionario del Ministerio de Minería, en época neoliberal. Entonces, este señor obtiene beneficios con la alianza Quiborax por brindar esa información”, detalló el legislador.
El ministro de Minería, César Navarro, cuestionó que Moscoso Ruiz haya utilizado esa información para lograr beneficios con Quiborax. Calificó como “tráfico de influencias” lo realizado por el empresario.
Moscoso, entre 1978 y 1980, fue director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Minería y Metalurgia. Luego fue director jurídico en la empresa Minera Inti Raymi, de 1995 a 2001. El 14 de agosto de 2009, el empresario se acogía a un juicio abreviado, donde fue condenado a dos años de cárcel, pero obtuvo el perdón judicial y se estableció el pago de una multa de Bs 1.000. Este proceso se dio en medio de la demanda ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que fue interpuesta por el acusado.
