Un paso más para el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus ministros se ha cumplido. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), integrada por Olvis Égüez (cruceño) y Edwin Aguayo (potosino), recomendó enjuiciar al expresidente. Ahora, este dictamen deberá ser ratificado por la Sala Plena del TSJ que se reunirá hoy.

La sesión de la Sala Plena está programada para hoy miércoles a las 9:00 y el asunto está en la agenda, manifestó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla el funcionario.

“La Sala Penal hace las veces de juez controlador de garantías constitucionales y consiguientemente evalúa la proposición acusatoria y el requerimiento fiscal correspondiente y, en base a eso, informa a la Sala Plena y esta procederá como corresponde”, explicó.

La Fiscalía envió al TSJ una proposición acusatoria redactada el 22 de mayo por la Procuraduría. Esta acusa a Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza, Freddy  Escobar y  Luis   Fernández de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, por la expulsión de Non Metallic Minerals, una empresa subsidiaria de la chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el salar de Uyuni.

La decisión del Gobierno de Mesa derivó en un arbitraje internacional por el que Bolivia fue condenado a pagar $us 42.6 millones. Según la procuraduría, Mesa violó su propia ley al expulsar a los chilenos. El exmandatario aseguró que lo que hizo fue nacionalizar el salar y los chilenos, con una inversión de $us 800.000 se llevaron una ganancia de $us 42.6 millones.

De ser ratificado por la sala plena del TSJ, el proceso continuará por vía política. Será remitido a la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, cuyo pleno definirá si autoriza el juicio en el TSJ. Hay más de 100 procesos pendientes de decisión en esta instancia.

La postura condice con el criterio de Mesa, quien volvió a reiterar su inocencia y apuntó a los ministro de Justicia, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, además del procurador Pablo Menacho de ser los directos responsables de la pérdida del arbitraje que devino en el pago de la millonaria indemnización.