La defensa legal del expresidente Carlos Mesa consideró que el Estado boliviano podía haber apelado al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (Ciadi), con el principio de respeto a la soberanía, considerando que el arbitraje fue resultado de la falsificación accionaria en la sociedad privada boliviana - chilena, la infidencia de información confidencial y otras irregularidades.

"Qué debería haber hecho el Estado boliviano para no dejarse humillar debería oponerse a la ejecución del laudo (...) El reglamento del Ciadi dice que se respeta la soberanía de los países que ejecutarán un laudo arbitral; si Bolivia no hubiera pagado a Quiborax, esta tendría que haber buscado un segundo país para hacer ejecutar a la fuerza ese laudo", mencionó el abogado Carlos Alarcón.

Explicó que toda ejecución de laudos extranjeros tiene una excepción; y es que la sentencia arbitral se ejecutará siempre y cuando no afecte el orden público, la moral y las buenas costumbres.

"Entonces, Bolivia podría haber dicho: 'nos oponemos porque este arbitraje nace de un delito, se genera en un acto de sabotaje'. Posteriormente se da un hecho de espionaje y la extorsión al Estado para el cierre de procesos penales y el pago económico", señaló.

El inciso 3, del artículo 54 del Convenio del Ciadi dice: "el laudo se ejecutará según las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieran en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda".

El artículo 55 indica: "nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero".