El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa, denunció ocultamiento de información relevante para su defensa en el caso Quiborax y acusó por esto al fiscal general Ramiro Guerrero. Mesa dijo que no fue informado con tiempo sobre el retiro de la acusación pública contra Allan Fosk y otros, por delitos de falsificación, y que se enteró por los medios de comunicación; también señaló a Guerrero de utilizar de manera sesgada las declaraciones que recibió de manera extemporáneas del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuando ya concluyó su atribución al formular el Requerimiento Acusatorio.

En un memorial del 12 de julio dirigido a los magistrados de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Mesa hace conocer "nuevos elementos de la actuación ilegal del fiscal del Estado en la investigación preliminar del caso Quiborax".

"La importancia para mi defensa de esta información que no me fue proporcionada, a la que tuve acceso por una publicación  (de un medio) de 11 de julio de 2018, está desarrollada en la copia de la nota adjunta dirigida por mi persona al Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas", se lee en el memorial.

El 5 de junio de 2018, los fiscales de materia Julio César Guerrero Arraya y Leopoldo Ramos Errada, asignados al proceso penal contra Allan Fosk y otros, por delitos de falsificación, retiraron la acusación pública a pesar de que en 2009 existía una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de David Moscoso.

Cuestionó las ilegalidades cometidas por Guerrero sobre la recepción extemporánea de la declaración del expresidente Rodríguez Veltzé. Dijo que el fiscal general antes de formular el requerimiento acusatorio en este caso, declaró públicamente que no fue posible contar con el testimonio de Rodríguez Veltzé.

Luego, de manera sorpresiva, después de presentado el requerimiento acusatorio, el día 12 de julio de 2018 "declaró públicamente, como consta en diversos medios de comunicación, que recibió dicho testimonio, que éste es 'lapidario' en mi contra y que será utilizado en otro momento procesal que el fiscal no especificó".

Al respecto, indicó que la primera ilegalidad que se evidencia con la conducta de Guerrero es que "si a criterio del fiscal dicho testimonio es tan importante, debería haber sido prestado y recibido antes de formular el Requerimiento Acusatorio, porque con la remisión de dicho Requerimiento a sus autoridades concluye su atribución y competencia para intervenir en esta fase del procedimiento (salvo que el TSJ acepte la declaración de nulidad que pido en este memorial y el anterior de 9 de julio de 2018)".