En los próximos cinco días, hasta el lunes 9 de julio, la Fiscalía General del Estado presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

El anuncio lo hizo ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, mientras Mesa asistía como observador en la Asamblea Legislativa a un acto de interpelación a los ministros de Minería, César Navarro y de Justicia, Héctor Arce, justamente por este caso.

“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció Guerrero.

Explicó que esta determinación será asumida con base en el trabajo de acumulación de antecedentes que se realizó desde que el 23 de mayo la Procuraduría General del Estado planteó la denuncia contra Mesa, por la presunta irregular reversión de las concesiones otorgadas a la empresa Quiborax durante su gobierno, lo que al final costó al Estado el pago de una indemnización de 42.6 millones de dólares.

Contó que en este tiempo se revisaron documentos y se realizaron entrevistas para acumular antecedentes que sustenten la determinación que se tome hasta el próximo lunes y descartó cualquier posibilidad de una ampliación del plazo, ya que ello no está consignado en los procedimientos.

Mesa se presentó a declarar a la Fiscalía General, pero no así otros actores como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé o la exsubprocudadora Carmiña Llorenti, esta última pese a que fue citada justamente para ayer miércoles.

“Con toda la información acumulada, toda la información que hemos recabado, vamos a emitir una resolución en este plazo (…) una ampliación no está establecida en el procedimiento”, reiteró Guerrero.

La Procuraduría encuentra responsabilidad en el expresidente Mesa por haber llevado adelante un proceso de nacionalización que no estuvo apegado a los procedimientos, mientras que el expresidente asegura que cumplió con la normativa y que ello fue avalado con normas posteriores como un decreto emitido por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.