Los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro admitieron ayer que sí negociaron una conciliación con la empresa chilena Quiborax por 3 millones de dólares, y de otra negociación en 2015 tras conocerse el laudo arbitral, ninguno prosperó y Bolivia terminó pagando $us 42 millones.
Arce manifestó que efectivamente hubo un intento de conciliación con la empresa Quiborax, pero que tras la revisión de la documentación se frenó ese proceso, porque se encontró un documento falsificado en la constitución de la compañía.
"Sí se abrió una posibilidad de negociación por 3 millones de dólares, en principio la empresa (Quiborax) quería la devolución de sus concesiones y pedían gran cantidad de ulexita, se hicieron consultas y eso era inviable. En algún momento se habló de cerrar el arbitraje por 3 millones dólares", sostuvo Arce, tras el gabinete de ministros.
Según el funcionario de Justicia no habían las condiciones "prácticamente era imposible llegar a un acuerdo y pagarle $us 3 millones a una empresa que estaba en entredicho y con una persona que se declaró culpable (Moscoso), por eso la negociación no llegó a concretarse", explica el ministro.
Su colega de Minería, César Navarro secundó esta posición. "Hubo conversaciones nuestras, como gobierno se ha tratado de llegar a acuerdos, pero en la revisión de los documentos" se encontró "documentos irregulares", detalló.
Pero en 2008, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio del pago de $us 3 millones, cuando Héctor Arce estaba al mando del Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.
Según el diario El Deber el "proyecto de acuerdo quedó suspendido por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (Bs 9.1 millones, para julio de 2008) con el Estado. Así lo revela el informe MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, elaborado por los abogados Leny Érika Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, en fecha 31 de diciembre de 2008, para el despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, dependiente del ministro Arce".
