El expresidente Carlos Mesa ratificó ayer su decisión de mantenerse como vocero de la demanda marítima pese a los recientes ataques del Gobierno y remarcó que ese compromiso asumido con el pueblo boliviano no da lugar a ninguna posibilidad de renuncia o alejamiento.

"Me haga lo que me haga el Gobierno, yo estaré siempre firme defendiendo la causa de Bolivia, (pero) lo que me preocupa es el efecto de imagen internacional (que se generará al saber) que dos expresidentes vinculados con la defensa de la causa marítima estemos juzgados nada menos que por expulsar la empresa chilena del Salar de Uyuni", manifestó Mesa.

La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar a Mesa después de que Bolivia perdió un juicio con Quiborax, que fue echada del Salar de Uyuni durante el gobierno de Mesa y luego la decisión ha sido ratificada en la administración del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien actualmente cumple la función de agente boliviano ante La Haya en la defensa de la causa marítima.

"Pero quiero ser claro, yo me comprometí con el Estado boliviano, representado por el presidente Evo Morales, a trabajar en la defensa de la causa marítima, es decir, me comprometí con el pueblo boliviano y ese mi compromiso es inalterable y no da lugar a renuncia, ni a separación alguna", sostuvo.

Agregó que la defensa de los intereses marítimos es una política de Estado en la que siempre responderá a los pedidos o requerimientos del país porque en este tema se hace una representación del conjunto de los bolivianos.

Para el expresidente, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.

“Si quedaba alguna duda (se confirma) que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos Mesa”. Así, respondió después de que el jueves 24 el procurador declaró haber solicitado al Ministerio Público una indagación a Mesa sobre la presunta aprobación ilegal de un decreto en 2004, que revertía a Quiborax concesiones de ulexita en el salar de Uyuni, lo que después derivó en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).