Tras la muerte del dictador Luis García Meza se denunció que gozaba de “privilegios” en la Corporación del Seguro Social  Militar (Cossmil) pese a que había sido dado de baja de las FF.AA. El vicepresidente Álvaro García dijo ayer que de haberse dado estos privilegios son de responsabilidad del Órgano Judicial y no del Ejecutivo.

“Si es que ha habido algún tipo de privilegios como se está denunciando hay que verificar, no en las decisiones del Ejecutivo, hay que verificar en las decisiones del Órgano Judicial porque, para nosotros, como Ejecutivo, todos son iguales", sostuvo.

García Meza fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Una vez que fue detenido en Brasil y traído a Bolivia, en marzo de 1995, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde estuvo 11 años y cuatro meses. El resto de su condena, hasta su muere el 29 de abril, estuvo hospitalizado con privilegios en Cossmil.

Su abogado, Frank Campero, dijo que García Meza “nunca fue dado de baja”, a diferencia de su lugarteniente Luis Arce Gómez, y que recibía una renta de jubilación. El Ministerio de Defensa aclaró, no obstante, que el dictador fue dado de baja el 10 de diciembre de 1982.

El vicepresidente recordó que cuando estuvo en la cárcel acusado por alzamiento armado fue testigo de que para el dictador construyeron una “casita” al lado del reclusorio y cuando reclamó le respondieron que fue por órdenes judiciales.

El general de Ejército y gerente de Cossmil, Gherson Peñaloza, informó que el dictador en 1982 se acogió a la ley de Administración de Personal de las FF.AA. para tramitar su jubilación y retiro antes de haber sido dado de baja.